egún un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo en México se ubicó en septiembre pasado en 6.41 por ciento de la población económicamente activa, lo que equivale a 2 millones 930 mil personas sin trabajo, más de un millón de diferencia con respecto al mismo mes de 2008. Estos datos se complementan con los que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el propio Inegi, respecto de la cifra récord de ocupados en el sector informal: más de 12 millones de personas hasta el primer semestre de este año.
Las cifras comentadas dan cuenta de un panorama económico devastador, en el que se conjugan los rezagos históricos del país en materia de generación de plazas laborales y los efectos de la crisis económica aún vigente. En dicho escenario, un sector amplio y creciente de la población ha padecido los efectos de la contracción de los sectores formales de la economía y la expansión de los informales, lo que se traduce en pérdidas de puestos de trabajo o en el incremento de la inseguridad laboral y la caída de los niveles salariales.
A pesar de estos preocupantes elementos, las autoridades del país no han podido articular un discurso consistente y realista y siguen exhibiendo una actitud indolente: ayer mismo, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, se congratuló por la creación de 200 mil puestos de trabajo en 2009, y un día antes el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, dijo que la economía nacional ha comenzado a mostrar claros signos de recuperación
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Frente a la falta de capacidad o de voluntad del Ejecutivo para enfrentar el presente escenario con un mínimo de sensibilidad social, correspondería a las instancias legislativas emprender los cambios y ajustes necesarios para que el país y sus habitantes sorteen la situación. Resulta por ello desolador que la aplanadora legislativa compuesta por el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados haya impuesto un nuevo aluvión de gravámenes a los contribuyentes cautivos: la medida, repudiada por diversos sectores de la sociedad –desde las franjas populares hasta los grupos empresariales–, causará un incremento en el costo de productos y servicios, afectará en el consumo, mermará las inversiones productivas y obstaculizará la reactivación de la economía y el mercado interno, todo lo cual generará más desempleo. Significativamente, el Consejo Coordinador Empresarial –órgano que hace tres años impulsó la candidatura presidencial de Felipe Calderón– pidió ayer al Senado modificar el paquete fiscal elaborado por los diputados, pues dijo que la propuesta actual pone en riesgo unas 200 mil plazas laborales.
Es claro que, de persistir el ensañamiento fiscal en contra de los mismos de siempre, la decisión de los legisladores tendrá un enorme costo social para el país, pues profundizará el deterioro en el nivel de vida de los segmentos pobres de la población y de la de por sí menguada clase media, y se profundizarán los rezagos sociales existentes. Si no se avanza en la reorientación de las prioridades gubernamentales y la política económica, el Legislativo y el Ejecutivo estarán infligiendo un gran daño a la gobernabilidad, de suyo precaria, en que se sustentan.
