Managua, 21 de octubre. Un fallo de la sala constitucional de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) nicaragüense que da luz verde a la pretensión del presidente Daniel Ortega para buscar la relección en 2011, generó un nuevo conflicto político en Nicaragua. El gobernante sandinista preguntó cuál es el miedo de que vuelva a postularse, al tiempo que la oposición de derecha anunció que se unirá para revertir la sentencia y, eventualmente, enfrentar en un solo bloque al mandatario en las urnas.

La sentencia, dictada el lunes por seis magistrados sandinistas de la sala constitucional del máximo tribunal, declaró inaplicable una norma constitucional, aprobada en 1995 y en vigencia desde 1997, que impedía al presidente relegirse de manera consecutiva.

Líderes de derecha y demás partidos de oposición anunciaron hoy que se unirán para revertir el fallo y advirtieron que boicotearán en el Congreso las leyes de presupuesto y reforma fiscal, y llevarán el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Se profundiza conflicto en la Suprema Corte

La sentencia también profundizó el conflicto dentro de la politizada SCJ, integrada por 16 magistrados, de los cuales ocho son sandinistas, siete liberales y un puesto que está vacante.

Mientras el presidente de la Suprema Corte, el liberal Manuel Martínez, aseguraba que la sentencia es ilegal, inexistente e inoperante, su vicepresidente, el sandinista Rafael Solís, insistía en que es un caso cerrado.

La sala constitucional admitió un amparo de Ortega y de más de un centenar de alcaldes en contra de una prohibición a la relección continua de presidentes y ediles, en lo que fue duramente cuestionado por todo el espectro opositor, que de inmediato anunció que se unirá para rechazar la sentencia que no tiene validez legal.

Las voces de protesta se alzaron en toda la oposición: el Partido Liberal Constitucionalista (derecha), la Bandada Democrática Nicaragüense (derecha) y el Movimiento de Renovación Sandinista (centroizquierda).

Más aún, advirtieron que en las elecciones enfrentarán juntos a Ortega para propinarle una soberana sopapeada (derrota) en 2011, a decir del diputado y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre.

Poco antes de reunirse con el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), Montealegre aseguró que tienen los votos para paralizar el Congreso, donde inicialmente se rechazó la posibilidad de relección, y revertir la medida con el bloqueo de leyes de interés del gobierno como el presupuesto de 2010 y una reforma tributaria.

Alemán, el ex banquero Montealegre, el legislador Ramiro Silva y los diputados del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Víctor Hugo Tinoco y Enrique Sáenz, firmaron un acuerdo para rechazar el fallo, por considerarlo un asalto a la institucionalidad.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) advirtió que Nicaragua podría perder más de 400 millones de dólares en préstamos y ayuda externa programada para 2010, si la oposición paraliza los debates en el Parlamento.

El diputado por el Partido Liberal Constitucionalista, José Pallais, se reunió el martes en Washington con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para denunciar el golpe de Estado a la Constitución perpetrado por una sentencia judicial. Pidió al organismo crear una comisión especial para analizar los aspectos jurídicos del fallo en cuestión.

El vicecanciller nicaragüense, Manuel Coronel, comentó que sería verdaderamente irónico que la oposición vaya a denunciar que el presidente Ortega aspire a un nuevo mandato, cuando en Estados Unidos el presidente se puede relegir, lo mismo que en varios países europeos.

El presidente Ortega, quien aseguró que la decisión judicial es inapelable y está grabada en piedra, además de que ha sido reconocida por el Consejo Supremo Electoral (CSE), preguntó a sus opositores: ¿cuál es el miedo? si es el pueblo el que va a decidir.

Retó a sus adversarios a luchar por el voto en los comicios presidenciales de 2011.

La sentencia ordena al CSE certificar que Ortega puede participar en las elecciones nacionales de 2011, y que los alcaldes y vicealcaldes lo pueden hacer en las municipales de 2012.

Destacó que los diputados y los magistrados electorales y judiciales también tienen el privilegio de relegirse. Por ello, preguntó: ¿por qué negarle el derecho al pueblo a elegir o no a una persona a cualquier cargo?

Ortega, un ex guerrillero que volvió al poder en enero de 2007 tras 16 años de oposición, dijo en julio que buscaba proponer la relección de presidentes y alcaldes para garantizar la soberanía popular de los electores.

La sentencia se da a conocer luego de que los sandinistas no lograron en la Asamblea Nacional, el Congreso unicamaral, los 56 votos necesarios para aprobar una reforma de la Constitución en la materia.

Tampoco lograron apoyo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de rebajar el número de magistrados de la SCJ necesarios para formar quórum y derogar el artículo 147 de la Constitución que impedía la relección.

De acuerdo con expertos, como el constitucionalista Cairo Manuel López, los magistrados sandinistas cayeron en un exceso de poder al pronunciarse sobre un tema que sólo corresponde al Legislativo.

El ex presidente del máximo tribunal Alejandro Serrano afirmó que la Corte no tiene potestad para declarar inconstitucional la Constitución en virtud de un recurso judicial.

En otro orden, cientos de estudiantes protestaron este miércoles en la capital del país contra las intenciones de Ortega de reducir el presupuesto a las universidades públicas el próximo año.

Por otra parte, Ortega acusó a algunas embajadas y ONG de alentar la violencia separatista de indígenas en la zona norcaribeña, junto con oligarcas y vendepatrias.

Afirmó que pretenden sabotear los comicios regionales del 7 de abril en la Costa Atlántica, al referirse a declaraciones de líderes miskitos que alegan que el régimen de autonomía no ha funcionado, en tanto que en disturbios en Puerto Cabezas dos indígenas de esa etnia murieron y al menos 10 más resultaron heridos el lunes.