Amnistía Internacional (AI) México demandó a las autoridades federales y de Guerrero la liberación inmediata y sin condiciones de Raúl Hernández, activista de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), detenido desde abril de 2008, acusado del asesinato de Alejandro Feliciano, presunto informante del Ejército.

Durante un mitin en el Hemiciclo a Juárez, el organismo internacional, que declaró al activista preso de conciencia desde diciembre del año pasado, subrayó que la única razón por la que sigue encarcelado es por su labor de defensa y promoción de los derechos humanos en su comunidad.

Alberto Herrera, director de AI México, aseveró que desde hace años los integrantes de la OPIM han sido amenazados, hostigados, secuestrados y asesinados debido a que han denunciado abusos de autoridades de Guerrero y militares contra la población indígena, como violaciones sexuales a mujeres perpetradas por soldados.

Herrera señaló que por el homicidio del aparente colaborador del Ejército fueron detenidos cinco hombres –todos declarados prisioneros de conciencia por AI–, pero gracias a un amparo cuatro obtuvieron su libertad.

Sin embargo, Hernández continúa recluido en el penal de Ayutla, Guerrero, ya que un juez federal dio más peso a las pruebas que lo inculpan, aunque eran las mismas para todos los acusados.

Un par de testimonios que le imputan haber estado en el lugar de los hechos son la única prueba presentada por el Ministerio Público en su contra, lo cual lo mantiene en prisión.

Las autoridades han desestimado las decenas de testimonios que dicen que él no estaba en el lugar del asesinato, sino en actividades de su ONG, señaló.

La manifestación se realizó con motivo del Día Internacional de la Pobreza –celebrado ayer–, debido a que Hernández es un luchador contra la miseria.

“Es preocupante que, más allá de los esfuerzos poco consistentes del gobierno mexicano para acabar con la pobreza, activistas como Raúl, que luchan contra ella, sean encarcelados. Ése no es un buen mensaje.

Las autoridades deben demostrar un compromiso de luchar contra la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos, además de no utilizar las cárceles para perseguir a quienes se movilizan para terminar con ese mal, abundó.

Entre mantas y carteles con las leyendas Libertad para Raúl ya, alrededor de 20 activistas de AI México y de la OPIM cubrieron sus caras con máscaras en las que estaba impreso el rostro del defensor de derechos humanos encarcelado.

La señora Eusebia, esposa del detenido, habló en Me’phaa sólo para demandar al gobierno la liberación de su marido, porque está injustamente preso.

En tanto, Obtilia Eugenio, dirigente de la OPIM, denunció que integrantes de algunas comunidades indígenas de Guerrero son amenazados, perseguidos, asesinados y encarcelados sin motivo. Para el gobierno nosotros somos los enemigos.