una semana del asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la posterior liquidación de la compañía por decreto presidencial, es evidente que, contrariamente a lo afirmado desde el discurso oficial en el sentido del carácter benéfico de la medida, ésta ha causado un conjunto de afectaciones a los habitantes de la zona centro del país, muchas de las cuales pudieran provocar un daño irreversible en términos económicos y sociales.
Ayer, la Asociación de Industriales del Estado de México (AIEM) informó que más de 750 empresas asentadas en distintos municipios de esa entidad se han visto obligadas a parar sus procesos productivos hasta por 11 horas por la falta de electricidad. Como dato de contexto, debe añadirse que un 90 por ciento de la industria mexiquense está compuesta por pequeñas y medianas empresas, sin capacidad para rentar o adquirir plantas generadoras de luz, y cuyo suministro de energía eléctrica dependía por entero de LFC.
A las afirmaciones de la AIEM deben sumarse las denuncias que, en los últimos siete días, han sido lanzadas desde distintos puntos de la capital del país y el área metropolitana, así como de diversos municipios de Hidalgo, Puebla y Morelos, por la suspensión prolongada del servicio de luz. Tales señalamientos, en conjunto, confirman que la medida dada a conocer la madrugada del domingo anterior por el gobierno calderonista, además de realizarse de manera arbitraria, de espaldas de la sociedad y al margen de la legalidad –como han indicado distintos especialistas en temas jurídico-laborales–, se tomó también con una profunda insensibilidad respecto de los daños colaterales que pudiera significar para el centro del país y sus habitantes.
Por lo demás, es claro que, con el paro de los procesos productivos en las industrias por la falta de suministro eléctrico, se corre el riesgo de profundizar el grave déficit de empleos formales que hoy enfrenta el país. Como lo señalan datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de Economía (SE), durante la presente administración se ha registrado una caída en el número de compañías establecidas en buena parte del territorio nacional, al grado que el registro actual de empresas formales representa apenas la sexta parte del total de las unidades económicas que, según cálculos de la propia SE, existen en México.
La circunstancia es por demás desoladora: si es verdad, como ha señalado el gobierno calderonista, que la inoperancia de LFC ha evitado la creación de decenas de miles de empleos y ha mermado el crecimiento de la economía nacional, hoy podría reprocharse al grupo en el poder que, como resultado de su decisión de liquidar a Luz y Fuerza, el país enfrentará las consecuencias de la eliminación de otras tantas plazas laborales: 44 mil de un solo plumazo –correspondientes a la paraestatal–, y un número aún indeterminado como consecuencia de los cortes a suministros de energía eléctrica para las industrias y las afectaciones que de ello deriven.
Los elementos mencionados aportan evidencia de que la decisión gubernamental de extinguir LFC no estuvo respaldada por proceso de planeación alguno –que era lo menos que podía esperarse– ni se dio en atención a las necesidades de la población. En el momento presente, la liquidación de la compañía no sólo representa un duro golpe a miles de trabajadores y a sus familias; también es un factor de riesgo para la economía y para la estabilidad política y social del país.
