Al presentar el Observatorio por el derecho a la alimentación y nutrición en México, organizaciones internacionales y regionales denunciaron que de aplicar el impuesto de 2 por ciento al consumo, incluidos alimentos y medicinas, la administración de Felipe Calderón atentaría contra derechos fundamentales de los mexicanos debido a que su política de gobierno ha incrementado el número de pobres en el país y restringido la alimentación sana y saludable de la población en general.

Fian (Foodfirst Information & Action Network) en México, Pan para el Mundo, Coalición del Hábitat y Plataforma continental de derechos humanos, democracia y desarrollo exigieron al Congreso de la Unión que legisle en favor del derecho constitucional de la alimentación de los mexicanos y al gobierno federal le pidieron que cumpla su obligación de fijar políticas públicas para garantizar la sana alimentación y con calidad de la población.

Desde nuestro punto de vista aplicar un impuesto a alimentos y medicinas es un instrumento violatorio a la alimentación, sobre todo porque está previsto en una situación de crisis que ha pegado durísimo, no sólo a los sectores tradicionales que se encuentran en situación de pobreza alimentaria, sino porque, además, ha restringido el acceso a una alimentación sana y saludable de sectores poblacionales mucho más amplios.

Leticia Correa, coordinadora en el país de Fian, señaló que el legislador federal Jaime Cárdenas recién presentó una excitativa a fin de que se dictaminen las modificaciones que en 2003 el Senado aprobó en un proyecto de decreto que adiciona un párrafo a los artículos constitucionales 4 y otro al 27, y un año más tarde la Cámara de Diputados lo modificó y regresó al recinto de origen, pero desde entonces no se ha resuelto y que van en el sentido que exigen los grupos sociales.

Integrantes del observatorio precisaron que constituyeron este organismo para supervisar los compromisos de los estados con el derecho a la alimentación y nutrición a partir de que ya existen a escala nacional e internacional instrumentos que los comprometen, como es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales –suscrito y ratificado por México– y el protocolo facultativo a este pacto, “que México no ha firmado, pese a haber sido uno de sus promotores.

Si bien existe un discurso del gobierno federal sobre el cumplimiento de los derechos humanos, esto en los hechos no se cumple y no hay voluntad de ratificar ni incluir estos instrumentos en la Constitución para que los derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles, destacaron.