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Están garantizados los espacios pacíficos para expresar el descontento, señala

Se cumplió con las formalidades legales para liquidar a la empresa: Gómez Mont

Asegura que el cambio en el servicio no implicará una nueva política tarifaria para los usuarios

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Fernando Gómez Mont durante la conferencia de prensa sobre el caso Luz y FuerzaFoto Luis Humberto González
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de octubre de 2009, p. 8

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) se hizo mediante un procedimiento que cumplió todas las formalidades legales que exige el orden jurídico nacional, por lo que la actuación gubernamental para enfrentar una situación insostenible de la empresa está apegada a derecho, sostuvo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Ante las movilizaciones anunciadas por diversas organizaciones políticas, gremiales y sociales en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el funcionario indicó que en este momento difícil del país los espacios pacíficos y legales para expresar la diferencia de criterios y el descontento ante la medida están garantizados. Puntualizó que preservar la institucionalidad, si bien es deber principal del gobierno, es un deber que nos toca a todos.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la dependencia, Gómez Mont aseguró que el cambio en la operación del suministro eléctrico en la zona centro del país no implicará un cambio en la política tarifaria para los usuarios.

Manifestó que hasta ahora por la vía de impuestos o del propio cobro de la tarifa se ha venido subsidiando la operación de LFC, hasta un grado que ya era insostenible.

Añadió que con la liquidación se pretende que la operación sea más eficiente, que elimine los apoyos extraordinarios que recibía la empresa, por lo que la pretensión es que su operación pueda ser financiada a través del pago de los usuarios, como sucede en todo el país. Lo que ya no es posible, aclaró, es que haya una diferencia en el suministro eléctrico en una zona del país.

El funcionario insistió en que parte del diagnóstico de la empresa es que el propio sindicato interfería de una manera muy importante en la administración, y que la capacidad de modernizar a LFC estuvo impedida y obstaculizada por el propio ritmo y falta de productividad del gremio para hacer las obras correspondientes.

Al abundar en la justificación legal del proceso de liquidación, consideró que el gobierno actuó al amparo de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que en su artículo 16 prevé como causa de extinción de los organismos descentralizados que su funcionamiento no resulte conveniente para la economía nacional o el interés público.

El artículo 15 refiere que la liquidación deberá seguir las mismas formalidades que su creación, por lo que si LFC fue creada por decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, la extinción se realizó por la misma vía. Se siguieron todas las formalidades que exige el orden jurídico nacional, entre otras, la propuesta y opinión de desincorporación por extinción que emite la Secretaría de Energía.

Indicó que también se contaba con el dictamen favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Asimismo, aludió a la existencia de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con los pasivos laborales a cargo de LFC, para realizar estudios y sustentar la posibilidad de proceder conforme al artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Por ello, afirmó, hemos sostenido y sostendremos la legalidad de la medida, advirtiendo que presentarán sus argumentos en los espacios procesales que resulten pertinentes para los efectos de esta discusión.

A pregunta expresa sobre las alternativas legales que ha esbozado el SME, el secretario sostuvo que no es competencia del gobierno valorar si es admisible, por ejemplo, un juicio de amparo; eso es competencia de los propios jueces federales. El Ejecutivo, añadió, ha actuado en su obligación de preservar la debida administración del dinero de los contribuyentes para poder cumplir con otros fines, como la seguridad pública, la salud o el combate a la pobreza.

–¿Es necesario el tono amenazante del secretario del Trabajo en relación con la aceptación de las liquidaciones?

–El gobierno ha hecho una oferta a los trabajadores para entregarles una cantidad adicional a la que por ley y por contrato colectivo tienen derecho. Es un estímulo para ellos, a fin de tener claridad sobre su liquidación, contar con una cantidad extraordinaria y poder enfrentar las siguientes situaciones de la mejor manera posible.