Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) advirtieron que es necesario que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales de todo el país modifiquen la tipificación de muchos delitos que ahora se sancionan con cárcel y penas desmedidas, pues de lo contrario el sistema de justicia que entrará en vigor en 2016 iniciaría colapsado.

Alberto Nava Garcés, Rafael Ruiz Mena y Javier Dondé Matute ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de los avances que lleva la puesta en marcha de la nueva reforma de justicia penal, y aunque consideraron que se tiene un avance de 30 por ciento de su aplicación en el país, es necesario que no sólo se hable de la parte que tiene que ver con la ejecución de los llamados juicios orales, sino de todos los puntos que abarca, como son las estructuras policiacas, la capacitación a los agentes del Ministerios Público y jueces, y también lo relacionado con el sistema penitenciario a escala nacional.

Sin embargo, Nava Garcés centró su exposición en la necesidad de que los legisladores federales y locales pongan atención en la tipificación que existe de muchos delitos que no son de carácter penal, pero que se les ha dado esa connotación y, por tanto, la sanciones conllevan el encarcelamiento de los presuntos responsables, cuando esas penas se podrían sustituir por la reparación del daño cometido y el seguimiento de un juicio en libertad.

Asimismo, señaló que “se tiene el problema de que los códigos penales contienen sanciones para delitos de índole administrativa o civil, o dan cuenta de leyes que casi tienen 100 años de existencia y que no han sufrido modificación alguna, como es la Ley de Imprenta. De igual manera, no existe proporcionalidad en la aplicación de sanciones.

Urge hacer una revisión de los tipos de delito, ya que con la entrada en vigor de la nueva reforma desaparecen los catálogos de delitos graves y no graves, y también se debe considerar que con esta reforma, ahora los que sean sentenciados a una pena corporal deberán cumplir su sentencia y, por ejemplo, que un sujeto sentenciado a 10 años no juegue con las matemáticas para salir libre en tres años.

Dondé Matute señaló que es necesario aprovechar los siete años que nos quedan para la entrada en vigor de esta reforma y no criminalizar todo tipo de delito, ya que, por ejemplo, a quien comete el ilícito de lesiones y provoca que una persona pierda la vista de manera definitiva, tiene una sentencia de seis años, mientras que una persona que es acusada de tocamientos a una mujer, puede recibir una condena de hasta siete años de cárcel. Lo importante es que estén en la cárcel sólo aquellos que han cometido delitos graves.