Por unanimidad, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) otorgar acceso a todos los documentos que den cuenta del destino de más de 174 millones 480 mil pesos confiscados al narcotráfico por el gobierno federal, del primero de diciembre de 2006 al 30 de abril pasado.

La apertura de la información incluye lo erogado por la PGR en el programa Nueva Vida; la asignación y distribución del dinero, y las normas y leyes que reglamentan el uso e inversión de los recursos.

En sesión pública, los comisionados Jacqueline Peschard, María Marván y Ángel Trinidad Zaldívar acordaron también emitir un exhorto a la PGR, para que en futuras ocasiones no invoque el artículo 48 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), cuando no haya dado respuesta a la información requerida dos veces por la misma persona.

La PGR se valió de ese artículo para negarse a dar trámite a la solicitud 0001700181409, alegando que el mismo ciudadano ya le había pedido esos datos.

“Argumento que no es válido –enfatizó Peschard–, porque la PGR no respondió en la primera ocasión y el solicitante tiene derecho a pedir de nuevo esos datos, en tanto que existen otras condiciones de modo y lugar.”

También por unanimidad, los comisionados ordenaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que difunda el monto total de los recursos confiscados –en pesos y dólares– al crimen organizado, tras revocar la declaratoria de incompetencia emitida por la dependencia federal.

Otros datos que la SHCP debe entregar son: los montos destinados a prevención y tratamiento de adicciones en el país; las cantidades distribuidas entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial –por decreto presidencial tienen derecho a recibir en partes iguales el dinero decomisado–; los funcionarios que administran los recursos, y el detalle de gastos y rubros.

Igualmente, debe difundir lo que se gasta en el programa de prevención y tratamiento de adicciones acordado en la Iniciativa Mérida, por ser un instrumento en el que participan de manera conjunta México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Al evaluar la negativa de la PGR a informar los datos arriba descritos, en la ponencia del recurso 3806/09, a cargo de Peschard, Marván hizo hincapié en la mala aplicación por parte del Ministerio Público Federal del artículo 48 de la LFTAIP.

“Se ha vuelto costumbre por parte de la PGR contestar igual en sus negativas de información: ‘ya te dije que no te voy a dar la información’, y recurre al 48, situación que es preocupante”, dijo.

Hizo notar que, como la distribución de los recursos se hace entre varias dependencias, pareciera que nadie tiene la información ni la obligación de darla, pese a su carácter público: Se debe rendir cuentas a los ciudadanos y decir en qué usan los recursos y si están sirviendo.

Igualmente, cuestionó la respuesta inicial de la SHCP y su omisión a entregar información al IFAI, tras señalar que todo el recurso que distribuye y recibe esa dependencia lo hace bajo normas, leyes y reglamentos, por lo cual no cabe su declaratoria de inexistencia.