Senadores de las Comisiones de Transporte y Radio y Televisión reclamaron al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, la pretensión del Ejecutivo federal de aplicar un impuesto de 4 por ciento a telecomunicaciones, con lo que se afectará a los consumidores finales de esos servicios.

Manifestaron su desacuerdo con la aplicación del impuesto de 2 por ciento para combatir la pobreza, porque se trata de cargarle más a los pobres para ayudar a los más pobres.

Durante una reunión de trabajo los legisladores le reclamaron por la incapacidad del gobierno para refrendar las concesiones pendientes a radiofusores y le exigieron que el procedimiento se haga con apego a la ley, y no por compromisos políticos, además de poner orden en el sector de las telecomunicaciones en el que al parecer se prefiere que prevalezca el caos.

También lo cuestionaron sobre los pobres resultados que ha dado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en resolver los problemas que aquejan a sectores como el del autotransporte de carga, aerolíneas, telecomunicaciones y desarrollo de infraestructura.

Incluso el presidente de la Comisión de Transporte, Angel Heladio Aguirre Rivero, puso en tela de juicio si el funcionario busca pasar a la historia como un hombre de Estado o como un hombre de partido, como un servidor público sensible, sincero, capaz de concitar voluntades y de alentar un mayor diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, o como un secretario soberbio, incierto, insensible, que no tuvo la capacidad de entender su función como responsable de las políticas en materia de telecomunicaciones, infraestructura y transportes.

Le pidió explicar, como hombre de Estado, los efectos de la aplicación de 4 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS); las medidas que pondrá en marcha para evitar subejercicios en la dependencia; fijar su postura sobre la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y detallar la manera en que el Ejecutivo garantizará el ahorro de los trabajadores al usar el dinero de las Afore en el desarrollo de infraestructura.

De entrada, Aguirre Rivero advirtió a Molinar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está de acuerdo con el paquete económico enviado por el Ejecutivo, porque la aplicación del impuesto de 2 por ciento es cargarle más a los pobres para ayudar a los más pobres, expresión que apoyó el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, el perredista Carlos Sotelo García.

Actitud autista del gobierno

Sotelo García cuestionó a Molinar Horcasitas sobre la actitud autista del gobierno federal en la industria de la radiodifusión, donde no ha habido avances en materia de refrendos ante los conflictos derivados de las modificaciones a la Ley de Radio y Televisión y el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Suprema Corte de Justicia. Exigió que cualquiera sea el procedimiento que use la SCT, actúe con apego a la ley, sin beneficios para unos cuantos, porque no estamos dispuestos a aceptar interpretaciones ilegales de la ley.

También advirtió que la SCT deberá exigir a las empresas la garantía de que cumplirán con la convergencia y la competencia, sobre todo para sacar del caos a la industria de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.

El priísta Raúl Mejía fustigó la conducción errática que la SCT ha hecho en todos los sectores que debería coordinar, y la incapacidad para resolver los problemas de transportistas, aerolíneas y de sus trabajadores, los operadores de telecomunicaciones.

En su respuesta, Molinar Horcasitas se refirió a la aplicación del 4 por ciento de IEPS. Dijo que en una situación económica tan crítica como la que pasa el país a todos nos toca poner un poco, por lo que parte de ese impuesto podría repercutirse en los consumidores finales y otra parte a las empresas, a través de sus productividades. Además anunció que esta semana saldrá la licitación de frecuencias para telefonía móvil e Internet.

Sobre el desorden en el sector de las telecomunicaciones, indicó que es una industria que está en un punto de alarma, debido a que en los últimos 20 años ha prevalecido la litigiosidad de los operadores en contra de las acciones de gobierno, en vez de la conciliación. Los operadores dominantes tienen como estrategia el amparo, aunque sepan que lo van a perder; pero en cuatro años, cuando se resuelva el caso, la tecnología ya estará en otro nivel. Sobre la radiodifusión dijo que está considerada la entrada de una tercera cadena, pero primero hay que reordenar el sector.

Molinar pidió el apoyo de los senadores para modificar las leyes que ayuden a impulsar la inversión privada en el desarrollo de infraestructura. Aseguró que los proyectos carreteros presentados en el paquete económico son todos viables y se apegan al presupuesto, ya que a consecuencia del recorte de 10 mil 500 millones de pesos aplicados este año a la dependencia dejó de realizar obras por 4 mil millones de pesos.

Señaló que el uso de las Afore para financiar infraestructura es una estrategia positiva, pero requiere mecanismos de regulación y sanción suficientes para garantizar la protección de los ahorros de los trabajadores.