Bogotá, 6 de octubre. Un juez de la ciudad de Sincelejo condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización equivalente a un millón 300 mil dólares a los familiares de 27 personas que fueron asesinadas por paramilitares de ultraderecha, informó hoy la prensa de Bogotá.

La sentencia indica que las autoridades incurrieron en omisión de funciones al no proteger a los habitantes de la población de Chengue, donde el 17 de enero de 2001 ocurrió un ataque de paramilitares comandados por Rodrigo Cadena.

Según versiones de testigos, los paramilitares reunieron a los pobladores en una plaza central y luego ejecutaron a cada uno tras acusarlos de tener nexos con grupos guerrilleros.

Cerca de cien hombres al mando de Cadena remataron a sus víctimas con golpes en la cabeza y luego incendiaron más de 30 casas del pueblo.

El juzgado cuarto administrativo de Sincelejo concluyó que el Estado debe reparar a 195 familiares de las 27 víctimas, quienes se repartirán un millón 300 mil dólares.

El mismo argumento de la omisión de funciones de la fuerza pública fue esgrimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar al Estado colombiano por matanzas perpetradas por paramilitares en los poblados de Mapiripán, La Rochela y Pueblo Bello, en los departamentos de Meta (centro), Santander (noreste) y Antioquia (noroeste), respectivamente.

La informaciones procedentes de Sincelejo, capital del departamento de Sucre (norte), indican que el juez ordenó levantar un monumento en memoria de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El fallo se conoció después que el mes pasado el gobierno pidió perdón a nombre del Estado por una matanza cometida en febrero de 2000 por paramilitares en el caserío de El Salado, en el departamento de Bolívar (norte).

Los paramilitares estuvieron entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en El Salado, donde asesinaron a 60 personas, muchas de las cuales fueron torturadas y después degolladas.

Casi 32 mil miembros de las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006, como parte de un proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe que impide que los ex paramilitares reciban condenas superiores a ocho años de prisión.