n algunas de las más remotas y pobres comunidades rurales de sierras y montañas del país se levantan grandes casas, construidas de ladrillo, varilla y cemento, que tienen antenas parabólicas. Por sus caminos circulan camionetas suburbanas de modelos recientes. En algunos casos, esos islotes de lujo, rodeados de un mar de escasez, son propiedad de migrantes que han logrado acumular pequeñas fortunas en Estados Unidos. En otros son testimonio de la riqueza que deja el narcotráfico.

La relación del narcotráfico y la sociedad rural es estrecha y se ha intensificado aún más a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) que devastó la producción agropecuaria nacional. Desde hace muchos años se siembra mariguana y amapola en Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Pero en los pasados 15 años esta actividad se ha intensificado.

Los campesinos y jornaleros que siembran y cosechan los plantíos son gente del campo. Una parte nada despreciable de camellos, gatilleros y operadores del narco son jóvenes, hijos de labriegos. Montos considerables de dinero proveniente de la droga son lavados en actividades rurales. Algunos de los grandes capos que controlan el negocio declaran dedicarse a la ganadería y poseen modernos ranchos. Inclusive varios de ellos reciben subsidios gubernamentales de programas como Procampo.

A esas expresiones de poder económico en el mundo rural les corresponden redes de poder político en todos lo niveles. Es imposible mantener en producción grandes sembradíos de estupefacientes sin la complicidad de policías y destacamentos militares. Con frecuencia los capos donan recursos importantes a pequeños poblados para construir capillas, perforar pozos de agua y hacer canchas de basquetbol.

Junto con el cultivo de drogas florece la descomposición comunitaria, prolifera el tráfico de armas y se incrementa el alcoholismo. Quienes siembran y cosechan viven permanentemente con el riesgo de ser detenidos y perder sus cultivos. Requieren (y exigen) de la complicidad de quienes no se dedican a esta actividad. Las ganancias que reciben son una pequeña cantidad de lo que obtienen quienes se dedican al procesamiento y comercialización del producto. Con frecuencia son menores de edad quienes se encargan de cuidar y regar los cultivos.

Según Ricardo García Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, hay en el país 7.2 millones de hectáreas en las que se siembra mariguana y amapola. Esto es, casi la tercera parte de las 27 mil 300 hectáreas arables y de cultivo permanente que existen en el territorio nacional son utilizadas para producir cultivos ilícitos.

García Villalobos llegó a esta conclusión a partir de información gubernamental. “Cifras oficiales –afirmó– marcan que en el sexenio pasado cada 15 minutos se destruía una hectárea con sembradío de estupefacientes; entonces cada seis horas se erradicaban 24 hectáreas que multiplicadas por 360 días al año suman 8 mil 640, lo que representa 31.6 por ciento de la superficie cultivada.”

El funcionario afirma que esta tendencia se intensificó tras la firma del TLCAN, que obligó a la eliminación de los subsidios al campo. Y advirtió que los capos de la droga supieron aprovechar la coyuntura y dotaron a los campesinos e indígenas de la semilla de mariguana, de dinero y de los apoyos logísticos para el cultivo.

De acuerdo con un estudio realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación (Fundar, www.subsdiosalcampo.org.mx), familiares de narcotraficantes mexicanos de los cárteles de Sinaloa, el Golfo, Juárez y del Milenio se han beneficiado durante años del programa gubernamental financiero de apoyo a pequeños agricultores: Procampo. Entre los beneficiarios directos están Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, y su hermana, María Teresa, hijos de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa; Humberto García Ábrego, hermano de Juan García Ábrego, quien fue líder del cártel del Golfo, y Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loeara, hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa.

Desde hace muchos años, algunos negocios agropecuarios han sido la vía para blanquear el dinero proveniente del narco. Por ejemplo, en septiembre de 2008, en Aguascalientes, se descubrió un narcoinvernadero con 15 mil plantas de mariguana. La empresa era manejada por Francisco Muñoz González, socio del Grupo Industrial Lechero SA (GILSA), la productora del lácteo más importante del estado, distribuidora de la leche San Marcos.

Ante la sequía crediticia de los bancos de fomento y privados, el narco se ha dedicado a habilitar cosechas en zonas de riego. El crédito otorgado, en general, por la banca de desarrollo y comercial cayó de 61.6 por ciento del PIB en 1994 a sólo 20.3 por ciento en 2007. Pero para agricultura pasó de 2.19 por ciento a 0.14 por ciento, y en la ganadería fue de 1.31 por ciento a 0.13 por ciento. Los grandes cárteles han encontrado en esta actividad una forma eficaz de lavar su dinero.

Con una economía agrícola devastada por las importaciones de alimentos subsidiados que vienen de Estados Unidos, sin posibilidad de encontrar empleo en las grandes ciudades de México, con restricciones cada vez mayores para acceder a la educación pública, los hijos de campesinos parecen no tener más opción que irse de mojados al otro lado de la frontera o engancharse en el negocio de la droga. Con frecuencia los cárteles los reclutan directamente en las secundarias técnicas a las que asisten. Les ofrecen droga, pornografía, prostitutas, dinero y armas. Algunos ven en esta actividad un futuro de éxito.

El narcotráfico ha modificado profundamente la sociedad rural. La descomposición del tejido social que ha provocado en varias regiones es significativa y, muy probablemente, irreversible. En mucho esta situación es responsabilidad del libre comercio. No son pocas las organizaciones campesinas e indígenas que tienen que enfrentarse a este problema. Por obvias razones, la mayoría lo hace en silencio.