Considerada fuente de corrupción, opacidad y presión de las grandes empresas en el país, la actividad de mediación o cabildeo privado en las dos cámaras del Congreso de la Unión no ha sido regulada por decisión los legisladores, quienes la toleran porque también la practican desde sus propios despachos.

La actividad de los cabilderos se despliega principalmente entre septiembre y noviembre de cada año, cuando los diputados discuten la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Este año su principal objetivo es evitar el IEPS a tabacos, cervezas y a telecomunicaciones, propuesto por Felipe Calderón, y que implicaría, de acuerdo con los estudios de los cabilderos, aplicar un impuesto adicional de 6 por ciento a sus productos.

Desde 2002 y hasta 2007, diputados de distintos partidos han presentado siete iniciativas de ley para constituir un registro público de las empresas que se dedican a la negociación con el Poder Legislativo, y todas están en la congeladora.

Ese mismo destino tuvo la propuesta del ex senador César Jáuregui (PAN) de agregar un apartado en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que implantara no sólo un registro de los cabilderos, sino de los senadores que se reunieran con ellos.

Si bien los diputados señalan que no es una práctica ilegal, admiten que propicia la opacidad y que se hagan ofertas a los legisladores a cambio de no votar la aplicación de medidas desfavorables para los grandes consorcios.

En la 59 Legislatura, por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Toscano (PAN) denuncia que un grupo de panistas fue enviado por la British American Tobacco al gran premio de Fórmula 1, con la intención de que no se aprobara un impuesto a los cigarros en la miscelánea fiscal de 2005.

Lo mismo ocurrió entonces cuando Carlos Almaraz, representante de empresas de jugos y néctares, negoció con el ex diputado priísta Carlos Blackaller no gravar con 20 por ciento de IEPS a esos productos, lo cual ahorró a las compañías 48 mil millones de pesos.

El auge de las empresas de cabildeo surgió a partir de la debacle electoral del PRI, pues no sólo fue una alternativa para priístas desempleados, sino una opción frente a una Cámara de Diputados más plural, por lo que la negociación tenía que extenderse.

La primera iniciativa para regular esta tarea la delineó el 29 de abril de 2002 el ex diputado Efrén Leyva Acevedo (PRI), que presentó una iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas, que se envió a las comisiones unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

En esencia, se planteó instaurar la obligatoriedad de un registro público, así como un código de conducta, y definir las obligaciones y responsabilidades tanto de las dependencias como de los servidores públicos y cabilderos.

En la 58 Legislatura, los diputados Claudia Ruiz Massieu y Héctor Gutiérrez de la Garza y Jorge Uscanga presentaron sendas excitativas a las tres comisiones para descongelar la iniciativa, dictaminarla y presentarla al pleno. No hubo respuesta.

En agosto de 2007, el Grupo de Trabajo sobre Aplicación Permanente del Principio Ético de la Cámara de Diputados, que presidió el ex diputado César Camacho Quiroz, definó que el cabildeo ha sido percibido por la opinión pública como una actividad oscura y en no pocas ocasiones asociada a prácticas de corrupción o de tráfico de influencias.

Y planteó que la corrupción en este caso podía prevenirse, e incluso sancionarse no sólo moralmente, sino legalmente. Se requiere hacer transparentes las relaciones de los legisladores con los cabilderos y/o gestores, concluyó.