Amnistía Internacional (AI) denunció que las autoridades mexicanas no han aclarado el ataque a balazos y posterior maltrato perpetrados por fuerzas de seguridad contra siete migrantes centroamericanos que transitaban por Chiapas, hechos que derivaron en la muerte de uno de los indocumentados.

En una acción urgente, el organismo internacional manifestó su temor porque los centroamericanos puedan ser intimidados o amenazados, a fin de disuadirlos de presentar la denuncia correspondiente, por lo que demandó se garanticen sus derechos.

La información de AI asienta que el suceso ocurrió el pasado 18 de septiembre. Los siete migrantes viajaban cerca de Comitán, Chiapas, en un camión de traficantes de personas, cuando personal asignado a un control de seguridad ordenaron al conductor detenerse, pero éste incrementó la velocidad. Los agentes persiguieron y abrieron fuego contra el vehículo, por lo que seis migrantes fueron heridos, tres de ellos de gravedad, en tanto que el salvadoreño Víctor Alexander Melgar Lemus perdió la vida.

Reveló que aun cuando los hechos se presentaron hace menos de un mes, las autoridades mexicanas no han informado si los agentes del control pertenecían a la policía o al Ejército, ni quién disparó contra el camión.

AI informó que tres de los migrantes pudieron huir del lugar, dos aún están internados en el hospital debido a sus graves heridas –bajo la vigilancia de miembros del Instituto Nacional de Migración–, en tanto que otro está detenido y en proceso de ser devuelto a su país de origen.

Los indocumentados denunciaron ante AI y otras organizaciones que, tras su aprehensión, militares y policías los interrogaron y les propinaron patadas y golpes con las culatas de sus armas. Inclusive uno de ellos señaló que fue golpeado directamente en la herida de bala.

AI subrayó que no hay claridad si las investigaciones por estas agresiones fueron abiertas por la Procuraduría General de la República o por la justicia estatal.

Recientemente Amnistía Internacional visitó México para investigar los informes sobre violaciones a los derechos humanos de los migrantes y descubrió que muchos son secuestrados por bandas (del crimen organizado), en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales.

El organismo subrayó que en la mayoría de los casos estos hechos permanecen impunes, pues ni los delincuentes ni los funcionarios corruptos son citados a comparecer ante la justicia por esos delitos.

En tanto que la parte vulnerable son las víctimas, pues “pueden sufrir represalias y ser expulsadas de inmediato del país.