Aplicar un nuevo impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las telecomunicaciones con una tasa de 4 por ciento implicará que cada hogar mexicano pague 21.4 pesos adicionales a los 411 pesos que en promedio erogan mensualmente para tal rubro, lo que provocará que muchas familias prescindan de los mismos, advirtió la consultoría CIU (Competitive Intelligence Unit), especialista en el tema.

Para la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) tal propuesta presidencial, de ninguna manera contribuye a forjar los cimientos para acabar con el desempleo.

La eventual aprobación del IEPS, advirtió, inhibirá a los estratos más vulnerables de la población, los cuales, paradójicamente, registran un mayor crecimiento en la adopción y utilización del Internet, ya que 44 por ciento de los internautas pertenecen a estratos con bajos recursos. También resultarán afectados los niños y jóvenes, remarcó la Amipci, puesto que 60 por ciento de los mexicanos que tienen entre 12 y 19 años de edad usan Internet.

Ponderó que la Constitución consagra el derecho a la información para que todos los mexicanos tengan libre acceso a cualquier tipo de conocimiento, para el cual la Internet se ha convertido en una herramienta y sinónimo de oportunidad e igualdad para obtenerlo, pues recordó que ha registrado un crecimiento sostenido al grado que el año pasado el número de internautas ascendió a 27.6 millones de personas, mientras los teléfonos celulares llegaron a 73 millones.

La consultoría CIU insistió en que con un nuevo impuesto se agravará la brecha digital que el gobierno del presidente Felipe Calderón se comprometió a abatir como uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos de infraestructura.

Fustigó que se considere a las telecomunicaciones como servicios de lujo y ponderó que en algunos países, como en Estados Unidos, las telecomunicaciones son catalogadas como servicios básicos e incluso se ha decretado la prohibición a gravar algunos de ellos, como es el caso de la Internet.

El impuesto es regresivo, indicó, ya que no implicará que aumente la recaudación al respecto y resulta una barrera a la conectividad nacional, con lo que evita el desarrollo económico del país.

Además si las familias mexicanas deben pagar 21.4 pesos adicionales por cada cien del costo de los servicios de telecomunicaciones es poco alentador el panorama para combatir la brecha digital pues sólo los sectores con mayores ingresos podrán seguir costeando los servicios.

El impuesto más eficiente es el que colecta la cantidad de dinero necesaria para atender los requerimientos de gasto con el mínimo costo de bienestar social, pero restringir por vía de los impuestos el acceso a los servicios de telecomunicaciones a las personas y empresas más desfavorecidas es muy alto y más aún, en un entorno macroeconómico adverso como el actual, puntualizó CIU.