Buenos Aires, 1º de octubre. El ex presidente Carlos Menem (1989-1999), los ex funcionarios del Servicio de Inteligencia del Estado (Side) Hugo Anzorreguy, de la Policía Metropolitana, comisario Jorge Fino Palacios, y el ex juez Juan José Galeano, fueron procesados hoy por obstruir la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en julio de 1994 dejó más de 80 muertos, más de 300 heridos heridos y daños millonarios en un barrio popular de esta capital.

Anzorreguy y Juan Carlos Anchézar (también procesado) eran secretario y subsecretario, respectivamente de la Side; Jorge Palacios y Carlos Castañeda fueron responsables de la investigación policial cuyas irregularidades, llevaron al cierre de la causa y a la separación del ex juez Galeano..

También Munir Menem, hermano del ex presidente fue procesado, ya que era en esos años jefe de la Unidad Presidencial y también otro ex agente del Side, Carlos Castañeda.

El fallo presentado por el juez Ariel Lijo tiene 345 páginas y acusa a los procesados por supuestamente haber ocultado la pista siria o pista iraní.

El fiscal Alberto Nisman, quien dijo que a pesar del tiempo transcurrido, la justicia llega, formó parte en su momento de los que ampararon las irregularidades del ex juez Galeano, como hicieron los dirigentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) entre ellos su presidente entonces, Rubén Berajas.

El juez Lijo ordenó un embargo a los acusados por unos 90 mil dólares, y no dispuso prisión preventiva. Se considera a Carlos Menem y su hermano Munir como instigadores de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad.

Galeano fue acusado como autor de los delitos de encubrimiento, prevaricato, violación de medios de prueba y abuso de autoridad; Anzorreguy, como partícipe necesario del delito de encubrimiento, abuso de autoridad y coautor por falsedad ideológica

En el caso de Palacios, quien fue designado por el intendente de Buenos Aires, el derechista Mauricio Macri, como futuro jefe de la Policía Metropolitana se le procesó como partícipe necesario del delito de encubrimiento, autor penalmente responsable por abuso de autoridad y autor de violación de medios de prueba. Palacios tuvo que ser despedido por Macri por la demanda popular, impidiendo que comandara la polémica Policía Metropolitana que es rechazada por las mayorías aquí.

Castañeda está acusado además por la violación de los medios de prueba, con los cual todos además son acusados de abuso de autoridad, destrucción de pruebas y falsedad ideológica reiterada y de las irregularidades que existieron durante el proceso inicial cuando se buscaba a los responsables del atentado del 18 de julio de 1994.

Nadie explica hasta ahora por qué el fiscal Nisman-hombre fuertemente ligado al lobby israelí y que estaba en una situación similar a la de Galeano- esté fuera de toda sospecha.

Nisman dijo a un medio local que la resolución completa es muy dura y que se acredita las cuestiones que denunciamos. El fiscal sostiene que Menem dio la orden de encubrir y ocultar pruebas, su hermano trasmitió esta decisión y Galeano y los hombres de la Side, que se limitaron a cumplirla.

Más allá de las llamadas pistas sirias o iraní sobre las que no existen pruebas concretas, la causa AMIA, y el no descubrimiento de culpables, también tiene otros responsables: los gobiernos y las inteligencias de Estados Unidos e Israel, que han plantado una y otra vez pruebas falsas o imposibles de comprobar fehacientemente.

Precisamente es la intromisión externa de ambos países lo que entorpeció la causa, ya que hasta ahora, más allá de lo que se dice públicamente, el tema AMIA es utilizado por esos gobiernos para sus necesidades geoestratégicas en Medio Oriente, como lo han demostrado importantes analista locales.

Por otra parte, la justicia llegó también para el ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo, quien gobernó a la provincia de Formosa en el noreste del país entre 1976 y 1981, durante la pasada dictadura militar,quien fue condenado por el Tribunal Oral Federal a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante ese período, aunque los familiares de las víctimas habían solicitado prisión perpetua.