El gobierno constitucional de Honduras señaló como las principales cabezas del golpe de Estado del 28 de junio a los dos ex presidentes que antecedieron al depuesto Manuel Zelaya en el cargo, Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002) y Ricardo Maduro (2002-2006); a los propietarios de 90 por ciento de los medios de comunicación, Jorge Canahuati (dueño de El Heraldo y La Prensa), José Rafael Ferrari (Emisoras Unidas y Televicentro) –un tercer magnate de medios es el propio Flores Facussé, dueño del principal diario, La Tribuna)– y a tres empresarios más que controlan monopolios en la banca, tiendas comerciales, empresas generadoras de electricidad y la intermediación con las trasnacionales petroleras, Camilo Atala, Freddy Nasser y Arturo Corrales.

En una detallada descripción de lo ocurrido desde el día del golpe a la fecha, denominado documento preliminar, el gobierno de Zelaya afirma que estos son los autores materiales de la ruptura constitucional en una primera categoría.

En este mismo rango acusa a los candidatos a la presidencia Elvin Santos, del Partido Liberal (el mismo de Zelaya), y Porfirio Lobo, del Partido Nacional. Ambos dirigentes convocaron a sus bancadas y aseguraron la mayoría parlamentaria que rompiendo el orden constitucional determinara la destitución de Zelaya y el nombramiento del presidente de facto Roberto Micheletti, después de alegar la existencia de una carta de renuncia del presidente que a la postre resultó apócrifa.

El documento les atribuye una responsabilidad de segunda categoría a Micheletti, al fiscal general del Estado Luis Alberto Rubí, al presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Alberto Rivera, al magistrado Tomás Arita y al cardenal Oscar Andrés Rodríguez.

Como ejecutores materiales señala a la cúpula castrense: el jefe del estado mayor conjunto general Romeo Vázquez, los jefes de las tres armas –general Miguel Ángel García, general Luis Prince Suazo y contralmirante Juan Pablo Rodríguez; al general Daniel López Carballo, ex jefe del estado mayor conjunto en el gobierno del ex presidente Flores Facussé y al capitán Billy Joya Améndola, actualmente ministro consejero de Micheletti.

Joya es, efectivamente, una joya: cuando era un joven oficial fue entrenado en los años 70 en Argentina a la sombra de Guillermo Suárez Mason –uno de los principales represores de la dictadura militar, a quien se le responsabiliza, entre otros crímenes, por el robo de centenares de bebés– y regresó a Honduras en los años 80 para comandar el Batallón de Inteligencia 3-36, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundó escuadrones de la muerte como Lince y Cobra. El ex militar tiene varios juicios penales pendientes, lo que no impidió su nombramiento en un puesto clave de la presidencia impuesta.

El Informe Preliminar enlista los siguientes delitos y violaciones al derecho cometidas por los golpistas: asalto, secuestro y destierro de Zelaya y la fabricación posterior de una causa sin juicio ni debido proceso; delito de falsificación de documentos públicos (la falsa renuncia de Zelaya), participación del fiscal y magistrados de la Corte en la conspiración para el golpe de Estado, persecución política a miembros del gabinete, ilegalidad y violación de derechos individuales y usurpación de funciones.

En este último delito incurren todos los funcionarios del régimen golpista, en el que, según la radiografía realizada por el gobierno constitucional, sobresalen parientes y colaboradores cercanos de Flores Facussé y ex colaboradores y familiares de miembros de ex gobiernos golpistas y militares.

Entre otros, figuran la ministra de Finanzas Gabriela Núñez, que ocupó el mismo cargo en el gobierno de Flores y es hija de un ministro de la dictadura de Oswaldo López Arellano; el canciller Carlos López Contreras, diplomático que defendió la presencia de la contrarrevolución nicaragüense en Honduras en los críticos años 80; vicecanciller Marta Lorena Alvarado, hija de otro ministro de la dictadura del coronel López Arellano, y Rafael Pineda, ex presidente del Congreso durante el régimen de Flores y funcionario del gobierno del general Policarpo Paz.