Tegucigalpa, 1º de octubre. Corre aquí la historia de que Hugo Llorens, el embajador de Estados Unidos, no sabía qué hacer con el canciller del gobierno de facto, Carlos López Contreras. Por la mañana decía una cosa y por la tarde, luego de ir a su casa y hablar con su esposa, Armida, regresaba hecho una fiera y decidido a cerrar cualquier posibilidad de un arreglo que incluyera el regreso de Manuel Zelaya a la presidencia.

Eso ocurría a un mes del golpe de Estado. Nada ha cambiado. La esposa del canciller y la organización que ella encabeza con otros representantes de la sociedad civil, siguen siendo la línea dura del golpismo.

Tres representantes de la Unión Cívica Democrática (UCD) ofrecen rueda de prensa en la Casa Presidencial y proclaman el fin de la historia negra de esta nación: A partir del 28 de junio, Honduras dejó ser una república bananera, y (eso) ha sido reconocido por todos los pueblos del mundo en consideración que nos hemos mantenido firmes en que lo que sucedió en esa fecha fue para mantener la democracia.

Los dirigentes de la UCD han venido a expresar su respaldo al decreto con el que Roberto Micheletti estableció el estado de sitio. Y se muestran felices por la determinación con la que se le hizo frente a la amenaza que causó tanta intranquilidad, de la supuesta ofensiva final que dijo el ex presidente (Zelaya), dice Luz Mejía quien, como otros líderes de la UCD, se presenta como ciudadana preocupada por Honduras, aunque tengan en sus hojas de vida una carrera política. Ella, por ejemplo, fue diputada por el Partido Liberal y es articulista de un diario partidario del golpe. Por ese trabajo ganó un Premio Nacional de Periodismo. Y está contenta de que con el cierre de Radio Globo y del Canal 36 se haya dado fin a los actos delictivos que se dicen amparados en la libertad de expresión.

La UCD ha sido la organizadora de las marchas blancas en respaldo al golpe de Estado. Por estos días se dedica a acopiar bebidas y alimentos que lleva a los soldados que resguardan de los zelayistas la embajada brasileña y muchos edificios públicos.

Un deseo de dialogar en serio

Generosos, los dirigentes aceptan que el decreto que suspende libertades básicas sea ajustado y revisado. Pero, eso sí, advierte Luz Mejía: Que de ninguna forma se considere la posibilidad de dejarnos desamparados.

La UCD es auspiciada por los empresarios que la resistencia acusa de haber tramado el golpe de Estado. Es, por así decirlo, la base social del golpismo que con su existencia logra no entrometer (o quemar) a los partidos políticos en el apoyo a la sucesión presidencial. Sus líderes son los que mejor manejan el discurso anticomunista y antichavista que todavía algunos políticos prefieren disimular. Por eso, aunque vinieron a apoyar el decreto de Micheletti, también le advierten que no aceptarán ningún arreglo político que viole la Constitución. Y eso en buen castellano significa que no aceptarán el retorno de Zelaya bajo ninguna circunstancia.

Mientras Micheletti juega a la consulta democrática, se filtran datos sueltos del diálogo entre el gobierno de facto y Manuel Zelaya, ahora bajo los auspicios de la jerarquía católica. Nada firme hasta ahora, pese a frases repletas de buenos augurios de algunos enviados internacionales.

“Vemos en ambos lados un deseo de dialogar en serio… El acuerdo de San José no está escrito en piedra, puede ser modificado. Se trata de un diálogo en que las partes tendrán la libertad de mejorar el pacto”, dice, aunque su rostro nada optimista diga otra cosa, John Biehl, el enviado de José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

“¡Ahí viene Goriletti!”

Las cámaras extranjeras esperan a dos cuadras de la embajada de Brasil, hasta donde las dejan acercarse los militares que mantienen sitiada la zona. Los soldados revisan minuciosamente incluso los vehículos diplomáticos que ingresan a la legación. Hasta dicen qué comida y cuáles medicamentos pueden entrar, dice Xiomara Hortensia Zelaya, una escurridiza muchacha de 24 años que se niega a elegir entre Hugo Chávez y Luiz Inacio Lula da Silva. Cada uno tiene su estilo.

–Es la más inteligente de la familia– dice una señora a su lado, sobre la hija del presidente refugiado.

–¿Más que su papá?

–Más que su papá.

Las cámaras esperan la salida de varios diputados brasileños que viajaron para verificar las condiciones de la embajada y sostener reuniones con distintas autoridades. Los brasileños hacen las declaraciones de rigor sobre el diálogo como la mejor salida.

Las cámaras locales esperan lejos de ahí, en la sede de la Corte Suprema, donde las sirenas de tres motocicletas de la policía anuncian el arribo del visitante: “Ahí viene Goriletti”, dice un camarógrafo y todos ríen. El mote no es exclusivo de los zelayistas, así le dicen los hondureños en cualquier plaza o café al presidente interino.

Seis camionetas forman el convoy en el que viaja Micheletti. En una viaja él, en las demás todos los militares que caben. Llega a la Corte para seguir con sus consultas a los poderes del Estado sobre el decreto que primero expidió, usa todos los días para reprimir a los manifestantes y para mantener fuera del aire a los medios incómodos, y que ahora ofrece derogar previo consenso nacional.

Vine a escuchar el pensamiento de la Corte, igual que escuché al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral, pero yo no tengo que consultarle a la Corte, porque somos respetuosos de la división de poderes, dice Micheletti, quien ya no habla de derogar el decreto, como hizo el lunes, sino de tomar una decisión con sus ministros en el momento oportuno.

Es inaudito que Micheletti haya ido a la Corte, en lugar de mandarnos el decreto, dice la diputada Argentina Valle, una de los 14 diputados propietarios del Partido Liberal que seguimos en resistencia. Micheletti, y mire que yo lo apoyé en su campaña, está ganando tiempo mientras sigue reprimiendo al pueblo.

¿Cuál es, además, ese momento oportuno? Para probar que su decreto sirve, el gobierno de facto suspende por segunda noche consecutiva el toque de queda. Una prueba de que el país está en calma. De que el decreto era necesario para tranquilizar a Honduras, como frasea el empresario Adolfo Facussé, autor de una propuesta reseñada en estas páginas hace tres días, y ahora torpedeada por otros empresarios.

Por tranquilidad se entiende, quizá, que las manifestaciones zelayistas adelgacen, por el miedo y por la falta de los medios para lanzar las convocatorias. Fui a Radio Globo y luego al Stybis (sindicato de bebidas), pero en ningún lado los hallé, dice, por ejemplo, la profesora Hedmé Castro.

Igual, un grupo de la resistencia se reúne ante la sede del cerrado Canal 36. La policía lo disuelve.

El grupo mayor se junta frente a la embajada de Estados Unidos. Aunque están sobre la banqueta, una de las pocas anchas que hay aquí, la policía amaga con desalojo.

La consigna principal ya no alude a Zelaya, refugiado a dos calles de ahí, sino al horizonte que llevó a la izquierda hondureña a juntarse con un terrateniente de Olancho: La Constituyente viene, y nadie la detiene.

Sólo cuando la pequeña marcha pasa frente a los soldados que taponan la calle de la sede brasileña se escucha el grito de “¡Mel, aguanta, el pueblo se levanta!”

A unos pasos, sin poder ver a sus seguidores, Zelaya dice que está dispuesto a enfrentar los tribunales, cosa que no le permitieron cuando lo echaron del país.

Hay esperanza de que una vez que empiece el diálogo se suspendan (las cosas antidemocráticas); no puede haber diálogo rodeado de ellas, dice Biehl, de la OEA.

Cosas como que el gobierno cierra medios, disuelve protestas, incursiona en los barrios, allana viviendas. Todo, mientras al mundo le dice que el diálogo es su ruta.

El líder campesino Rafael Alegría no ha escuchado al enviado de la OEA, pero coincide con él: ¿Cómo quieren diálogo con garrotes y pistolas en la mesa? Poco después, en el Parque Central, echa a correr antes de que comiencen los gases lacrimógenos.