Durante los pasados procesos electorales, cerca de 27 por ciento de los ciudadanos estuvieron expuestos a prácticas de compra y coacción del voto, proporción que se elevó hasta 29 por ciento en aquellas entidades en las que se realizaron comicios concurrentes, según se desprende de un estudio realizado por Alianza Cívica.

La organización concluyó que la mayoría de los partidos abusaron con fines electorales de la población marginada.

En el desglose del análisis se destaca que en algunos municipios dichas prácticas alcanzaron porcentajes mucho más elevados. En Valle de Chalco Solidaridad –uno de los municipios de mayor marginalidad en el estado de México– la organización reporta que 57 por ciento del electorado fue coaccionado por los partidos, siendo el caso más extremo en el país. Toluca ocupó el segundo lugar en presiones a los ciudadanos, con 42 por ciento.

Alianza Cívica destaca que el exceso de recursos otorgados a los partidos (3 mil 663 millones de pesos), las lagunas jurídicas de la última reforma electoral, pero principalmente la manera en que los partidos se vinculan con los ciudadanos, propiciaron que en el proceso electoral los votantes estuvieran expuestos a algún tipo de práctica de compra y coacción del voto.

El análisis indica que hubo otras entidades en las que esto fue también más generalizado. Por ejemplo, en Saltillo, Coahuila, entidad gobernada por el PRI, se reportó que 40 por ciento de la población se enfrentó a esquemas de clientelismo político.

Por lo que hace a la capital del país, Alianza Cívica indica que en la delegación Benito Juárez se registraron estas prácticas en 33 por ciento del electorado.