arcelo Giugale, director de política económica y programas de reducción de la pobreza del Banco Mundial (BM), señaló ayer, en entrevista con La Jornada, que ante las afectaciones sociales derivadas de la actual recesión económica los gobiernos de todo el mundo deben tener como prioridad ayudar a toda esa gente que cayó o va a caer en la pobreza –entre 9 y 10 millones de personas tan sólo en Latinoamérica, según cifras del propio organismo–, y que para ello es necesario centrarse en la atención de las necesidades inmediatas de la población y dejar de lado las visiones eficientistas que sólo persiguen el equilibrio en las finanzas públicas.

Las declaraciones del funcionario se producen en un momento en que la administración federal se empeña en presentar la superación de los rezagos sociales como uno de sus objetivos principales: anteayer, en una ceremonia relacionada con la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, reiteró su postura de que el país debe concentrar esfuerzos en favor de los más pobres. Un día antes afirmó que ahora el desafío es avanzar en la superación de la pobreza y la desigualdad. A lo largo del mes que está por concluir, el gobierno federal ha venido intensificando declaraciones de su titular y de otros altos funcionarios para reubicar el combate a la pobreza y la atención a los ciudadanos más desfavorecidos como el primero de los asuntos nacionales.

El súbito interés por los pobres, sin embargo, puede ser visto con reserva por la opinión pública. Resulta inexplicable, por principio, que la presente administración haya dejado transcurrir casi tres años sin poner énfasis factual, ni siquiera declarativo, en un reclamo recurrente de sectores políticos, sociales y académicos: emprender un viraje en la política económica para priorizar el combate a la pobreza sobre otros deberes gubernamentales. Significativamente, en ese lapso el número de mexicanos en situación de pobreza alimentaria pasó de 13 millones y medio a 18 millones y medio.

A lo largo de 30 de los 33 meses transcurridos desde que asumieron el poder, Calderón y sus colaboradores han persistido en la idea de que los principales intereses nacionales consistían en derrotar a la delincuencia organizada y entregar los yacimientos petrolíferos a grandes empresas privadas. En tales directrices empeñaron todo el poder declarativo y publicitario, y buena parte del presupuestal, de la administración pública. Ahora, cuando la guerra contra la criminalidad arroja más de 10 mil muertos, un deterioro manifiesto y severo de la seguridad pública y el agravamiento de la descomposición institucional, es poco congruente descubrir el problema de la pobreza y proponerlo como centro de la atención nacional.

Por otra parte, las arengas calderonistas para iniciar el combate a la desigualdad y la marginación guardan poca relación con las prioridades reales que se desprenden del presupuesto y de los incrementos impositivos presentados por el propio Ejecutivo federal y con las reformas fiscales. Múltiples voces han advertido que, de ser aprobados tal como se presentaron, ambos instrumentos darían lugar al empeoramiento de la situación de los pobres, no sólo de manera directa (en la medida en que se pide la implantación de un IVA disfrazado a alimentos y medicinas que, evidentemente, golpeará más a los más pobres), sino también por el impacto de medidas esencialmente recesivas, devastadoras para el mercado interno y negativas para el empleo.

Desde otro punto de vista, la austeridad que pregona el gobierno federal para su gasto es, como han notado diversos especialistas de la academia y del sector privado, insuficiente en su alcance y generosa consigo mismo. Si las muy sobradas –e injustificables– remuneraciones y prestaciones de que gozan los altos cuadros de la administración pública se redujeran a la mitad, podrían liberarse recursos para, por ejemplo, multiplicar por 10 el presupuesto de Oportunidades, el programa asistencial favorito del gobierno.

Por añadidura, las medidas de reparto de dinero en efectivo o de bienes de consumo entre los miserables permiten su control político, pero no les da pie a superar su condición: para ello se requieren estrategias de desarrollo, de pleno empleo y de redignificación de la educación y de la salud como ejes de la política social. Por la vía seguida hasta ahora, en el mejor de los casos, la pobreza puede seguirse administrando, pero no podrá ser superada.

En suma, da la impresión de que las arengas gubernamentales a combatir la pobreza y las advertencias oficialistas al respecto son, en realidad, intentos por conseguir respaldo social para la aprobación del injustificable aumento del IVA de 15 al 17 por ciento y de los otros incrementos impositivos propuestos recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, medidas que, lejos de favorecer a los mexicanos que se encuentran en el desamparo económico, los perjudicarán más. Si la autoridad realmente quisiera hacer algo positivo por ellos, tendría que empezar por recortar de manera drástica los absurdos y exasperantes gastos gubernamentales, hacer efectivo el cobro de impuestos a las grandes corporaciones y a las fortunas personales, beneficiadas por tratamientos fiscales de excepción y, con los recursos resultantes, impulsar el empleo, la educación, la salud y la vivienda.