Los criterios de los magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en los casos Miguel Hidalgo y Cuajimalpa son un franco retroceso con respecto a otros, incluidos de la sala superior, sobre las facultades que tiene la autoridad para realizar investigaciones cuando se plantea la posible comisión de irregularidades, señaló el consejero del instituto electoral local (IEDF), Gustavo Anzaldo.

En entrevista, advirtió que la revocación de la nulidad de ambas elecciones pone en evidencia lo endeble del esquema de revisión de los partidos, donde las modificaciones introducidas por los legisladores para sancionar el sobrepase del tope de gastos de campaña son letra muerta en la medida en que los procedimientos y las facultades de la autoridad quedan coartadas por interpretaciones jurisdiccionales.

La autoridad tiene que ser investida de todas las facultades desde el punto de vista de la ley y cerrar la puerta a interpretaciones, advirtió, porque de lo contrario los partidos y los candidatos pueden seguir cometiendo irregularidades, siempre y cuando no dejen constancia de ellas. Advirtió a los legisladores que no se puede llegar con este Código Electoral a los comicios de 2012.

Convencido de que la actuación del IEDF fue correcta al determinar el rebase en ambos casos, y de que que las resoluciones de los tribunales se acatan, pero no necesariamente se tienen que compartir, Anzaldo lamentó la falta de seriedad de algunos panistas que a partir de estas dos elecciones pretenden desacreditar la actuación de las autoridades electorales y a las mismas instituciones, sin hacer el balance de todo el proceso. Si de alguna manera tienen los elementos, que promuevan los procedimientos que consideren convenientes, retó.

A su vez, el vocero del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, Alejandro Sánchez Camacho, aseguró que ante la actitud facciosa con la que actuó el TEPJF, lo único que queda en evidencia es que los magistrados son verdaderos chalanes del bloque de la derecha.

Dijo que la decisión de los magistrados fue desafortunada porque en las próximas elecciones presidenciales no hay posibilidad de que se tenga credibilidad en ese órgano.

En tanto, el diputado del PRD Víctor Romo denunció que funcionarios de la Secretaría de Gobernación ofrecieron cantidades millonarias y puestos en la administración federal a los tres integrantes de la sala regional que validaron los triunfos de Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, y llevará las pruebas a la Cámara de Diputados como base del juicio político en su contra.

El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, indicó: “nos parece un fallo claramente injusto que tiende a deteriorar la percepción que tiene la ciudadanía sobre la mala calidad de nuestros procesos electorales.