Se perfilan dos cambios inmediatos en la estructura directiva de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque no se descarta que en los próximos días se renueven la mayoría de las subprocuradurías, direcciones generales y delegaciones estatales adscritas a esa dependencia.

Fuentes jurídicas cercanas al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, revelaron a La Jornada que la carta fuerte que tiene es el aparente nombramiento del ex procurador de Chihuahua Francisco Molina Ruiz para ocupar la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, en sustitución de Víctor Corzo Cabañas.

Sobre el perfil de Molina Ruiz como funcionario, se informó ayer a este diario que, al igual que ocurrió con Chávez Chávez, organizaciones no gubernamentales cuestionaron la labor de Molina al frente de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua (1992-94), ya que durante su gestión ocurrieron cerca de 200 feminicidios en el municipio fronterizo de Ciudad Juárez.

En 1996, a propuesta del procurador general Antonio Lozano Gracia, el presidente Ernesto Zedillo nombró a Francisco Molina comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, cargo en el que permaneció ocho meses, cuando fue sustituido por el general Jesús Gutiérrez Rebollo, actualmente preso por sus vínculos con el cártel de Juárez.

Otro posible cambio que desde ayer ha comenzado a recorrer los pasillos de la PGR, a nivel de rumor, es la inclusión en el equipo de Chávez Chávez del polémico abogado Mario Estuardo Bermúdez Molina, ex magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) que en 2006 fue investigado por la propia PGR ante acusaciones que enfrentó por pretender utilizar recursos del erario para comprar espacios en medios de comunicación a cambio de remover de la fuente periodística del TEDF a reporteras que le resultaban incómodas.

Las fuentes consultadas indicaron que durante el pasado fin de semana Bermúdez Molina se reunió con el equipo de asesores de Arturo Chávez, con la intención de buscar hacerse cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). La fiscalía federal antinarcóticos es ocupada desde hace un año por Marisela Morales, abogada que goza de toda la confianza del general Rafael Macedo de la Concha y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

Bermúdez Molina –quien fue titular de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), y antes se desempeñó como subprocurador de Control Regional– ha sido cuestionado por trabajadores de la PGR, que en su momento lo acusaron de cometer presuntos actos de corrupción, fundamentalmente por haber gastado para uso personal los vales de gasolina y viáticos que correspondían a sus subalternos.

Incluso, los informantes recordaron que cuando Bermúdez Molina se desempeñó, hace una década, como fiscal para delitos federales de carácter electoral, mandó cambiar todos los ventanales de su oficina para protegerlos con un blindaje antibalas.