Ciudad Victoria, Tamps., 25 de septiembre. Veinticinco personas detenidas ayer durante el desalojo de la colonia irregular Mano con Mano, en Tampico, fueron consignadas ante el Miisterio público por varios delitos, mientras 50 quedaron en libertad por falta de pruebas.

De los 25 consignados ante la Procuraduría General de Justicia del estado, ocho están acusados de daños en propiedad y obstrucción a las vías de comunicación; entre ellos se encuentra Nery Márquez, quien encabezaba a los inconformes.

Los otros 17 están acusados de resistencia a la autoridad y ruptura del orden público y serán liberados en las próximas horas, debido a que esos delitos no son graves.

Exceso de violencia

Alberto Sánchez Nery, dirigente municipal del PRD en el puerto, exigió la destitución de Arturo Médina, secretario del ayuntamiento, “porque estuvo al frente del operativo”, y responsabilizó de los daños a Enrique Aragón Sierra, delegado de la Procuraduría de Justicia del estado en el sur de la entidad.

Los diputados locales panistas Alejandro Díaz Casillas y Leonor Sarre Navarro condenaron el exceso de violencia usado por los policías en el desalojo, pues golpearon y detuvieron a los habitantes del asentamiento irregular.

En el área liberada del ayuntamiento se tiene proyectado construir un centro recreativo, y como el terreno es propiedad privada está en tramite la donación para realizar las obras en la parte baja del puerto, que en cada crecida de río se inunda.

El gobernador Eugenio Hernández Flores aseguró que la reubicación de los habitantes de Mano con Mano se realizará como estaba programada por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, porque las nuevas viviendas ya están concluidas.

Señaló que ningún seudolíder impedirá los trabajos y las negociaciones de su gobierno con los habitantes de ese asentamiento irregular; todo iba muy bien pero un grupo de inconformes, algunos de los cuales ni siquiera viven en esa colonia, incitaron a quienes habían convenido en la reubicación, dijo.

Destacó que su administración promovió ante el Congreso local la aprobación de una ley para el ordenamiento territorial, la cual contiene modificaciones para sancionar a quienes construyan en zona de alto riesgo, como es el caso de la colonia desalojada.