Jalapa, Ver., 25 de septiembre.. La madrugada de este viernes cientos de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz desalojaron a mil 200 familias que desde hace un mes ocuparon un terreno propiedad del Instituto de Pensiones del Estado, en los límites de los municipios de Jalapa y Emiliano Zapata.

Según los desalojados, los agentes derribaron e incendiaron las casas de madera y lámina que habían levantado y golpearon a varios de ellos, incluyendo mujeres y niños.

Las familias expulsadas se trasladaron al zócalo de la ciudad de Jalapa y bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, la cual colinda con la oficina del gobernador Fidel Herrera Beltrán, lo que complicó el flujo vehicular del centro histórico.

Los desalojados permanecieron allí varias horas hasta que funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno recibieron una comisión para iniciar negociaciones. Las autoridades les propusieron revisar sus solicitudes de terrenos por conducto de la Dirección General de Patrimonio del Estad, para eliminar la denuncia penal abierta por la invasión del predio.

Pese a que retiraron de la vía pública, los manifestantes anunciaron una nueva movilización para las próximas horas; incluso amagaron con intentar recuperar el predio que continúa bajo resguardo policiaco.

El terreno motivo del conflicto tiene 65 hectáreas, se le conoce como Perseverancia y fue invadido a mediados de agosto pasado por mil 200 familias que, según dijeron sus representantes –que pidieron reservar sus nombres–, se cansaron de esperar la promesa para que se les dotara de predios.

El operativo se inició a las 4:45 horas de este viernes y se extendió hasta las 9. La petición para el ingreso de la fuerza pública fue hecha por Adán Córdoba Morales, representante jurídico del Instituto de Pensiones del Estado, ante la agencia segunda del Ministerio Público Federal en esta ciudad.

Córdoba Morales argumentó que además de invadir una propiedad del organismo, los campesinos ocasionaron un daño ambiental, pues derribaron árboles para improvisar casas.

Los invasores denunciaron que durante el desalojo dos mujeres embarazadas y dos niños –cuyos nombres se reservaron– sufrieron quemaduras leves y recibieron golpes, por lo que fueron trasladados al Centro de Especialidades Médicas Rafael Lucio.

Los afectados acusaron al gobernador Fidel Herrera Beltrán de recurrir a la represión y a los desalojos a punta de pistola, cuando nunca cumplió sus compromisos de dotar de tierras a las familias necesitadas de la capital del estado.

Fidel es muy bueno para venir a pedir el voto y para prometer, pero no para cumplir y a quienes le reclaman sus promesas les manda la policía, acusaron a gritos.