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Falta de pruebas, la resolución de juzgadores, señala

Para Grupo México, el gremio minero perdió ya el juicio sobre daño moral
 
Periódico La Jornada
Martes 22 de septiembre de 2009, p. 19

Tras señalar que tribunales federales rechazaron en definitiva la denuncia por daño moral que interpuso el sindicato contra Minera México, esta empresa sostuvo que el gremio minero no puede demostrar que existe una alianza entre el gobierno federal y el consorcio Grupo México.

Este corporativo informó ayer que, desde 2007, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), por medio de Juan Luis Zúñiga Velázquez, miembro del comité ejecutivo nacional, interpuso una denuncia por daño moral contra Grupo México, sus filiales y ejecutivos.

La querella, presentada ante los juzgados cuarto y séptimo de distrito en materia civil del Distrito Federal, fue por el supuesto daño moral causado al dirigente del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, y otros miembros del sindicato minero.

Sin embargo, según informó Minera México, este juicio ya se perdió definitivamente porque los juzgados determinaron falta de pruebas.

En estos juicios se argumentó que los demandados habían incurrido en supuestas conductas ilícitas para desestabilizar al sindicato minero, confabulándose para inculpar a Napoleón Gómez Urrutia de la comisión de delitos, con el fin de privarlo de su libertad.

La empresa adujo ayer que el sindicato minero ya perdió los dos juicios civiles, ya que el daño moral no se pudo probar. Incluso señaló que se abandonó la gestión de los juicios por falta de pruebas, lo que propició que los jueces federales decretaran la caducidad y prescripción de ambos juicios federales.

Para Minera México, el sindicato tampoco podría demostrar que hay confabulación entre el gobierno federal y el consorcio.

Indicó que se reservará los derechos derivados de estas resoluciones para ejercerlos en su oportunidad.

También aseguró que ha sido una petición recurrente para levantar la huelga en Cananea, iniciada en julio de 2007, y en ello basan la petición de 100 millones de dólares por presunta reparación del daño moral que se ha hecho a esta organización y a su dirigente.