erdido en el tiempo y en el espacio, el inquilino de Los Pinos ha hecho un llamado al Congreso para dejar atrás los mitos y los tabúes que permitan llevar a cabo una transformación a fondo del sector petroquímico del país, el cual reporta un déficit crónico que justifica, dice, realizar los cambios legales que permitan esa transformación (léase privatización), un cambio que no nos haga distraer los cada vez más escasos recursos públicos que necesitamos para la educación, la salud, para combatir la pobreza, para la infraestructura (etcétera), y que permitan convertir a México en una verdadera potencia mundial en esta materia.

¿Dónde estaba Felipe Calderón en 1986? ¿Dónde en 1989, 1992 y 1996, o en 2004-2006? Porque, palabras más palabras menos, en septiembre de 2009 repite el discurso que utilizaron sus cuatro antecesores en Los Pinos para justificar la privatización de la industria petroquímica del Estado (de hecho todo el sector paraestatal), y presenta como nueva una idea que, en realidad, comenzó a ponerse en práctica 23 años atrás. Apenas el pasado viernes llamó a realizar un cambio que no nos haga distraer los cada vez más escasos recursos públicos que necesitamos para la educación, para la salud, para combatir la pobreza, para la infraestructura (etcétera), es decir la invitación que en su momento hicieron Miguel de la Madrid (1986), Carlos Salinas de Gortari (1989 y 1992) y Ernesto Zedillo (1996) (no se incluye a Fox en esta última referencia, porque fue tan limitado que ni siquiera se le ocurrió fusilarse los discursos de sus predecesores, como Calderón comprenderá, aunque tiene su historia con el proyecto Fénix).

Es el mismo discurso que en el país se escucha desde hace casi tres décadas, e idéntico pretexto para privatizar un sector industrial que, ¡sorpresa!, ya está privatizado. El problema es que 23 años después la infraestructura productiva del Estado ha sido desmantelada, no hay nada más que vender (salvo el petróleo, que ya se acabó, según la versión oficial) y se pretende privatizar lo privatizado, pero insisten en aquello de liberar recursos públicos para atender las urgencias sociales de los mexicanos.

Un paseo rápido por la historia dice así: en 1951 comenzó a desarrollarse el citado sector, y el gobierno de Adolfo López Mateos, al expedir la Ley Petroquímica de 1959, ratificó la exclusividad del Estado –vía Pemex– para procesar y comercializar la petroquímica básica y para ello estableció que alrededor de 70 serían los productos que la conformarían. En 1960 oficialmente se puso en marcha la industria petroquímica paraestatal, pero el gusto duró poco más de cinco lustros. En 1986, Miguel de la Madrid inició el desmantelamiento (privatización) de la industria petroquímica del Estado. Ese año (para evitar que al pretender abarcar mucho se apriete poco), de poco más de 70 productos petroquímicos básicos –reservados al Estado–, reclasificó alrededor de 40 y los convirtió en secundarios –capital privado–, de tal suerte que restó margen de maniobra financiera y comercial a la industria petroquímica operada por Pemex y hasta ese momento reservada a la nación. Quedaron poco más de 30 productos básicos.

Tres años después (1989), Carlos Salinas de Gortari de nueva cuenta reclasificó los productos petroquímicos básicos y de 30 los redujo a 19, y en 1992 a nueve, con lo que restringió más el margen de maniobra de Petróleos Mexicanos. La inversión pública en este sector prácticamente desapareció. Para no quedarse atrás, Ernesto Zedillo (1996) quiso dar la puntilla a la participación pública en esta área productiva e impuso la nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional –aprobada en octubre de aquel año, con la complicidad del panistas y priistas en el Congreso– que autorizó la venta de 61 plantas petroquímicas propiedad de la nación (51 por ciento el Estado, 49 el capital privado), y de regalo un exquisito bombón: las nuevas reglas (la citada fórmula 51/49 por ciento) sólo se aplicaban a las plantas petroquímicas existentes –las viejas, a las que en esa década (1986-1996) no se les invirtió un solo centavo–, porque para las nuevas la inversión privada extranjera es al 100 por ciento. Para redondear, a Vicente Fox se le ocurrió el (fallido) proyecto petroquímico Fénix (2004-2006), que intentó resucitar el actual inquilino de Los Pinos.

Ese entramado condujo al desplome de la participación del Estado en la industria petroquímica, y a que a estas alturas más de 90 por ciento de esta actividad esté bajo control y propiedad de particulares, nacionales y extranjeros. Entonces, de la industria petroquímica que opera en el país ¿qué es lo que pretende privatizar Felipe Calderón? Y ¿de qué privatización obtendrá los recursos que necesitamos para la educación, para la salud, para combatir la pobreza, para la infraestructura (etcétera). Queda claro, pues, que el objetivo calderonista no es el sector petroquímico (ya entregado al capital privado), sino el otro, el grande, el que ya se acabó, el petróleo (tal cual lo intentaron sus cuatro antecesores), porque ya dijo que presentará otra iniciativa energética, que no será otra que la ya muy conocida de privatizar el oro negro.

Como propiedad de la nación, la industria petroquímica básica registró una tasa promedio anual de crecimiento cercana a 15 por ciento (1970-1980); en su etapa de reclasificación (1986-1990) se redujo a 9 por ciento y, consolidada la privatización (1990 en adelante), lejos de avanzar retrocedió 0.6 por ciento. Y de ser un sector superavitario en su balanza comercial, ahora reporta un creciente déficit. Para dar una idea de esto último, va la estadística de la Cámara de Diputados: en el periodo 1993-2007 el volumen total de petroquímicos se redujo a una tasa media anual de 3.1 por ciento; para contrarrestar la caída, las importaciones se incrementaron 211 por ciento.

Si ése es el cambio, no gracias.

Las rebanadas del pastel

Enorme, como siempre, Noam Chomsky en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM, en el marco del 25 aniversario de La Jornada y con una espléndida presentación de nuestra directora Carmen Lira… ¿Qué se comió uno de los hombres más ricos de México, Alberto Bailleres, que el pasado sábado le cayó la PFP en sus oficinas de Industrias Peñoles, en Polanco? Algunos creen que tiene relación con los 2.15 millones de dólares en efectivo que un día antes la Armada de México decomisó en Manzanillo, Colima, y que por una casualidad aparecieron en un contenedor de su empresa Química del Rey. ¿Será?

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