a sorpresiva aparición del presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, en la embajada brasileña en Tegucigalpa altera de golpe el impasse en el que se encontraba la nación centroamericana desde el golpe de Estado oligárquico cometido a finales de junio pasado, cuando efectivos militares sacaron al mandatario de su residencia, lo expul- saron de Honduras e impusieron en la titularidad del Ejecutivo al usurpador Roberto Micheletti.
Asimismo, el retorno al país del presidente depuesto abre un nuevo espacio para la acción de la diplomacia continental, cuyos cauces parecían completamente agotados desde que el presidente costarricense, Óscar Arias, formuló una incongruente y antidemocrática propuesta conciliatoria
que pretendía premiar a los golpistas con la obtención de cargos en el gobierno.
La resistencia popular hondureña se ve fortalecida de súbito, no sólo frente al gorilato instaurado en junio, sino también ante el propio Zelaya y ante los gobiernos latinoamericanos y los organismos internacionales, pues en los casi 90 días transcurridos desde el golpe se ha mantenido viva, se ha ensanchado, ha ganado en organización y en presencia y ha sido el único factor interno de contrapeso al golpismo. Es claro que, con esos antecedentes, tendrá que ser tomada en cuenta en el proceso de restauración de la institucionalidad.
A juzgar por la información disponible, los mandos cuartelarios y civiles que se prestaron a instaurar un régimen espurio se encuentran, a raíz de los sucesos de ayer, ante una disyuntiva: perpetrar un baño de sangre para ahogar al movimiento popular, crecido en la reivindicación del retorno a la institucionalidad, o retirarse del poder que han ocupado en forma delictiva desde hace casi tres meses. La moneda está en el aire y, hasta el cierre de esta edición, los golpistas encabezados por Micheletti parecían acorralados, pero no derrotados.
En el ámbito externo, los hechos parecen indicar que Zelaya no volvió a su país sin asegurarse previamente el respaldo –o, cuando menos, el visto bueno– de los gobiernos de Brasil, de Nicaragua –desde cuyo territorio pudo haber partido furtivamente– y de Estados Unidos; así lo sugiere el hecho de que el Departamento de Estado y la cancillería brasileña hayan confirmado la presencia del presidente constitucional en suelo hondureño en momentos en que el régimen de Micheletti no tenía conocimiento de ello.
Si lo anterior es cierto, la región se encuentra ante una importante realineación de las presencias continentales en América Central: Brasil –cuya embajada en la capital hondureña sirve a Zelaya de refugio, pero sobre todo de cuartel general– ganaría un protagonismo regional indudable entre las naciones del istmo centroamericano, construido en parte sobre la ausencia de la diplomacia mexicana en la zona.
Esa ausencia debiera ser, por último, motivo de reflexión: si durante décadas la cancillería de nuestro país desempeñó una función fundamental en las naciones centroamericanas –recuérdense, por ejemplo, la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador (1981), la conformación del Grupo Contadora, antecesor del Grupo de Río, y las intermediaciones en los procesos de paz de El Salvador y Guatemala–, ese papel fue progresivamente abandonado hasta el punto de que el gobierno foxista lo remplazó con una sigla insustancial (el Plan Puebla-Panamá), y la administración actual prescindió incluso de la sigla.
