Arturo Chávez Chávez comparece hoy ante senadores, mientras crecen las voces de juristas y defensores de derechos humanos que piden a los legisladores que no se le ratifique, ya que incluso existen recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que exigen sancionarlo por la negligencia y omisión con que actuó en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los integrantes del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como el jurista Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exhortaron al Senado a realizar un análisis exhaustivo del nombramiento, a fin de cumplir con la obligación constitucional de velar por la preservación de la legalidad y la justicia.

Asimismo, representantes de organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia para Nuestras Hijas insistieron ante las comisiones dictaminadoras del Senado en que se valoren los juicios y estudios de las organizaciones internacionales y de la propia CNDH.

Los senadores de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos recibieron un estudio que analiza las recomendaciones a Chávez Chávez, desde la primera que en 1998 formuló la CNDH, entonces presidida por Mireille Roccatti, en la que pide abrir una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales en que pudo haber incurrido el entonces procurador general de Justicia de Chihuahua.

Actuación omisa

La recomendación nunca fue atendida y originó el reclamo, en su informe de febrero de 2002, de la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Derechos de las Mujeres, Martha Altolaguirre Larondo, luego de visitar Ciudad Juárez. Recomendó garantizar una adecuada supervisión de los funcionarios encargados de adoptar medidas de reacción e investigación frente a delitos de violencia contra la mujer.

Un año después, en noviembre de 2003, un informe de la Comisión de Expertos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga advirtió también que no debía haber impunidad, y aludió irregularidades y casos fabricados durante la gestión de Chávez Chávez.

Los expertos resaltan que en el caso del egipcio Omar Latif Shariff, acusado por el ahora aspirante a titular de la Procuraduría General de la República, de cometer 90 asesinatos de mujeres, sólo fue declarado culpable de uno de ellos. Después de su captura continuaron los crímenes de género en el municipio fronterizo.

A ese tema se refirió antes, en un informe de 1999, la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extradjudiciales, Sumarias o Arbirarias, Asma Jahangir, quien resaltó la conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante esos delitos, muchos de ellos deliberadamente pasados por alto, por la mera razón de que las víctimas eran sólo muchachas corrientes y, por tanto, no eran consideradas gran pérdida.

El relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Dato’ Param, el 24 de enero de 2002 resumió en su informe: Los más de 189 asesinatos de mujeres cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, siguen siendo motivo de honda preocupación, ya que resulta evidente que no se investigaron de forma eficaz ni exhaustiva, si es que hubo investigación.

Amnistía Internacional dio a conocer un informe el 11 de agosto de 2003, en el que advirtió sobre un modelo de intolerable negligencia, toda vez que la administración de Chávez Chávez no inició investigaciones penales con la urgencia debida, no valoró evidencias claves, testimonios relevantes se descalificaron, no se investigaron debidamente las denuncias de torturas contra presuntos autores, ni los hostigamientos denunciados por testigos. Las pruebas de identificación y las autopsias no se llevaron a cabo conforme a los estándares necesarios.

Chávez Chávez comparecerá este lunes ante las comisiones dictaminadoras y un día después, el martes, su nombramiento podría ser votado por el pleno.