La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Poder Judicial de la Federación el amparo contra una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que le ordena dar a conocer si ex procuradores como el general Rafael Macedo de la Concha y Eduardo Medina Mora, así como el actual secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, fueron sometidos a exámenes de confianza para ocupar el cargo.

Luego de perder jurídicamente ante el IFAI en dos ocasiones, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR buscó, mediante un juicio en materia administrativa, que se declarara nula la determinación que ordena la entrega de los oficios que acreditan que diversos funcionarios y ex funcionarios de la PGR fueron sometidos a pruebas poligráficas, toxicológicas, de entorno patrimonial, médicas y sicológicas.

El 21 de agosto de 2007, La Jornada interpuso una solicitud con el folio 0001700162107 para que la PGR le proporcionara copia de los citatorios o documentos que acreditan que en su momento se realizó la aplicación de exámenes de confianza a Genaro García Luna (ex director de la Agencia Federal de Investigación y hoy titular de la SSP federal); Alejandro Ramos Flores (ex subprocurador jurídico); los ex procuradores Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca Hernández y la ex oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.

Asimismo se solicitó copia de los citatorios que acreditan la aplicación de dichas pruebas a Eduardo Medina Mora (ex procurador), José Luis Santiago Vasconcelos (ex subprocurador contra la delincuencia organizada, fallecido en noviembre de 2008); Fernando Castillo Tapia (ex director de Comunicación Social); Juan de Dios Castro Lozano (actual subprocurador de Derechos Humanos); Víctor Emilio Corzo Cabañas (subprocurador de Control Regional) y Noé Ramírez Mandujano (ex titular de la SIEDO, actualmente sujeto a proceso penal por vínculos con el crimen organizado).

La petición no incluía que se hicieran públicos los resultados de las pruebas, solamente que se proporcionara copia de los oficios que acreditaban la aplicación de los exámenes, pues por norma, según el acuerdo número A/105/04, el procurador general de la República fijó que los servidores públicos de dicha institución deben someterse y aprobar los procesos de evaluación que practica el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano.

El IFAI resolvió que la PGR debía entregar la información, pues estimó que dar a conocer la documentación solicitada no revelaría algún resultado obtenido en las mismas, ni divulgaría datos personales de los titulares que pudieran afectar su intimidad o derecho de privacidad.

Sin embargo, el área jurídica de la PGR consideró que se comprometía la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Igualmente, que se podría menoscabar la conducción de las negociaciones o bien de las relaciones internacionales, incluida la información que otros Estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial a los Estados Unidos Mexicanos.

Pero, en una nueva respuesta del IFAI, se consideró que la PGR debería entregar la información solicitada, toda vez que el artículo 113 de la Constitución señala que todo el personal de la institución (PGR), exceptuando el personal administrativo que se encuentre comisionado o asignado al órgano interno de control, se sujetará de manera gradual a los procesos de evaluación que aplica el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano.

Ante la obligación de dar cumplimiento a la resolución del IFAI, la PGR promovió un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). La Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitó la nulidad de los actos de autoridad que realizaron los comisionados del instituto.