Más que un ahorro, el traslado de las funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Presidencia significa el avance en el desmantelamiento de las instancias de control y la concentración de funciones hiperpresidencialistas en la figura de Felipe Calderón, sostiene un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En la evaluación –coordinada por Miguel Pulido, director adjunto de Fundar, y Rocío Moreno–, esa asociación civil fundamenta su tesis al comparar los presupuestos que se han propuesto y ejercido para esas entidades públicas.

Por ejemplo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se propone dar a la Presidencia 417.1 millones de pesos más de lo originalmente sugerido para la SFP (mil 310 millones de pesos). La asignación se hizo antes de la iniciativa de Calderón de desaparecer la dependencia.

Respecto de lo ejercido este año, la Presidencia erogó 230 millones de pesos más que la SFP, cuyo presupuesto rondó los mil 568 millones.

Así, la oficina de la Presidencia, sin ser una secretaría de Estado, recibió para este 2009 un presupuesto original de mil 798 millones de pesos, cantidad ligeramente menor a la propuesta para 2010, de mil 727 millones.

Para Fundar, las asignaciones otorgadas al Ejecutivo federal, superiores a las de la SFP, “reflejan sencillamente que el gobierno da prioridad al mantenimiento de un aparato burocrático al servicio de la Presidencia, sobre el funcionamiento de una instancia de control (la SFP) cuyo presupuesto es menor al sueldo de 700 funcionarios del Poder Judicial.

Entre ministros, magistrados, consejeros de la Judicatura y magistrados de circuito, es decir, menos de 700 personas, concentran poco más de mil 709 millones de pesos, únicamente en sueldos. Esta cifra es superior en 141 millones de pesos a lo asignado a la SFP, aunque en el país se viven tiempos que exigen austeridad y mejor control en el gasto.

Pobre desempeño

Esa asociación civil, que da seguimiento al gasto presupuestal, particularmente en la agenda del combate a la pobreza, reconoce que aun cuando la SFP registra un déficit en su desempeño y misión de consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente, su existencia es, al menos, un aporte a la frágil y débil estructura de la rendición de cuentas en el país.

De hecho, dice, en México el deficiente esquema de controles se ve agravado por la escasa participación del Congreso en las tareas de fiscalización y control del Ejecutivo, y por el mandato acotado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que por su naturaleza revisa sólo una parte de lo erogado por el gobierno federal y emite sus informes un año y dos meses después de ejercido el gasto público.

Aunado a ello, se enfrenta opacidad en la información presupuestaria y la tendencia a generar instrumentos que presentan cada vez menos información en el seguimiento al gasto público.

La agrupación, especialista en temas de transparencia, advierte que con la desaparición de la SFP se desconoce qué sucederá con diversos programas anticorrupción suscritos por el Estado mexicano con ONU, OEA, OCDE y BID, entre otros organismos internacionales.

En suma, plantea Fundar, la propuesta de eliminación la SFP se acerca más a la demagogia de la austeridad y a la ampliación de la discrecionalidad excesiva en el servicio público que al beneficio de las finanzas públicas. Esto, sin considerar el alto impacto negativo que tendrá la desaparición de esa dependencia en nuestro sistema de rendición de cuentas.