El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) denunció al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por incumplimiento de una orden de entrega de datos relativos a la compra del avión en que murió Juan Camilo Mouriño.

Sin embargo, la denuncia del IFAI podría resultar infructuosa, porque la instancia que negó los datos es precisamente el órgano interno de control del Cisen, dependiente de la SFP, el cual fungió, a su vez, como área responsable del proceso de compra del Learjet 45, hace casi seis años.

La denuncia ante la SFP es la última alternativa que tiene el IFAI para hacer cumplir su resolución, pero en este caso vemos un complot entre el Cisen y la SFP para encubrir lo que ocurrió, desde el origen, con la compra y operación de la aeronave, advirtió en entrevista el solicitante de la información.

El director del Cisen, Guillermo Valdés, avaló que la clasificación como confidenciales de los datos referentes a dicho proceso de compra, bajo el argumento de que entregó la información al órgano interno de control para que realizara la auditoría correspondiente.

Los comisionados del IFAI revocaron las excusas esgrimidas por el Cisen porque la solicitud de información es para obtener datos generales de carácter público (de la licitación para la compra de la aeronave).

Es decir, la entrega de dicha información de ninguna forma exhibiría los avances o el sentido de la investigación administrativa interna.

Hace casi 10 meses, un ciudadano solicitó a ese órgano de inteligencia del gobierno federal información sobre la licitación 04100001-035-03, incluida la oferta económica de la empresa ganadora (Servicios Aéreos Estrella), así como los precios de referencia, que demostraran la ventaja de la compra de una aeronave seminueva respecto de una nueva de características equivalentes.

Esa información es pública, de acuerdo con lo que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y las bases emitidas por la propia licitación citada:

Aeronave usada (seminueva) con edad no mayor a ocho años, equipada con motores turborreactores, capaz de transportar cómodamente un mínimo de siete pasajeros más un sobrecargo, con alcance mínimo de 2 mil millas náuticas y un techo de servicio de 40 mil pies, señala la licitación.

Al inicio del proceso respectivo, el Cisen agotó todas las excusas que puede utilizar una dependencia pública para negar el acceso a los datos: primero hubo una prórroga, después se argumentó inexistencia de la información y luego se alegó que esos documentos eran parte de una investigación interna.

No obstante, el pleno del IFAI concluyó que el Cisen no tenía por lo menos la certeza de la existencia de la información, pero, sobre todo, que los documentos solicitados no formaban parte de la deliberación de la auditoría 22/08.

Esa inspección interna está a cargo de Jesús Meza Zapata, titular del órgano interno de control del Cisen, quien también fue responsable de supervisar el correcto proceso de la licitación para la compra de la aeronave.

En el presente caso, la información solicitada no revela las opiniones, recomendaciones o los puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo que está llevando a cabo el órgano interno de control, advierte el IFAI.

Por ello, procedió a revocar la clasificación de la información (avalada por Valdés), y señaló que el citado órgano interno de control se encuentra obligado a proporcionar al Cisen los expedientes de la licitación.

El Cisen utilizó incluso otras tácticas, como enviar información diferente a la solicitada.

El plazo que dio el instituto para el cumplimiento de su orden fue de 10 días hábiles y, como no hubo respuesta satisfactoria, acordó presentar ante la SFP la denuncia correspondiente.