Organizaciones de derechos humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) mostraron beneplácito por la liberación de la indígena Jacinta Francisco Marcial, acusada en 2006 del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hecho por el que fue encarcelada injustamente por más de tres años.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) –que llevó la defensa jurídica de la otomí– y Aministía Internacional (AI) –organismo que hace un mes la declaró prisionera de conciencia– manifestaron satisfacción por el hecho. Ambos organismos han insistido en que para acceder realmente a la justicia en este caso no basta con la libertad de la indígena, sino que además se debe reparar el daño y evitar que hechos similares se repitan.

Por su presunta participación en el secuestro de los agentes federales, junto con Jacinta fueron detenidas las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes continúan recluidas en un penal de Querétaro. AI, el Centro Prodh y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han exhortado a las autoridades a revisar las sentencias de las coacusadas.

El Inmujeres se congratuló por la liberación de Jacinta Francisco Marcial, sin embargo, expresó que su excarcelación es apenas la primera de una serie de acciones y medidas que habrá de aplicar la PGR en reconocimiento a su inocencia en este delito, así como de las coacusadas.

En un comunicado, la dependencia confió en que este caso paradigmático en México contribuya a que la PGR incorpore en sus investigaciones y quehacer institucional estándares internacionales en materia de derechos humanos, la perspectiva de género y principios de etnicidad.

Destacó el papel de la PGR para corregir una acusación que no se debió presentar y con ello garantizar la vigencia y observancia plena de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes se ven expuestos al sistema de justicia.

El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI vestidos de civil llegaron a un tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, para efectuar un operativo en busca de drogas y piratería. Los vendedores protestaron y retuvieron a los policías en exigencia de pago por lo perdido. Ante esas acciones, los mandos regionales de la AFI acudieron al lugar y acordaron con los comerciantes desplazarse a una localidad cercana para recoger el dinero que compensaría las pérdidas. Se ordenó que uno de los agentes permaneciera en el lugar como muestra de garantía. Sin embargo, los federales interpusieron ante la PGR una denuncia por presunto secuestro.

Información de AI y el Centro Prodh asienta que Jacinta no participó en esos hechos y aun así fue detenida injustamente. Fue sentenciada a 21 años de prisión debido a una fotografía periodística, como única prueba en su contra, en la que aparece caminando detrás de la gresca aquel día.