Madrid, 7 de septiembre. Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano que fue condenado a ocho años y cuatro meses de cárcel por un altercado con la policía española, se encuentra en paradero desconocido y, por tanto, prófugo de la justicia, confirmó a La Jornada una fuente de la fiscalía española.

El ingeniero, originario de Guanajuato, quien denunció vejaciones y agresiones xenófobas durante su reclusión, desapareció luego de que una sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Sevilla lo declaró culpable de dos delitos de intento de homicidio y de un atentado contra la autoridad, el pasado 14 de julio.

Ordaz Moreno cursaba en Sevilla un doctorado en energías renovables y era becario del Conacyt. Hoy, menos de dos años después de que comenzó sus estudios y sin siquiera perfilar su posgrado, el alumno, de 29 años, se encuentra prófugo y posiblemente viajó a México después de haber conseguido un pasaporte falso, ya que el suyo fue decomisado por la justicia española.

La pesadilla de Ordaz Moreno comenzó la madrugada del 8 de marzo de 2008, cuando regresaba a su casa después de celebrar con unos amigos. Había bebido muchas cervezas, según reconoció, y fue interceptado por dos policías vestidos de civil, quienes al parecer buscaban a un joven de sus mismas características acusado de acoso sexual.

El ingeniero sintió pánico, en parte porque pensaba que lo querían secuestrar, así que arremetió contra los dos agentes –un hombre y una mujer– a golpes y patadas, hasta el punto de que, según la versión de los agentes, desarmó a uno y les intentó disparar a bocajarro. La pistola se encasquilló y así, según los agredidos, se salvaron de los tiros.

Ordaz Moreno fue detenido esa noche. En el calabozo permaneció más de ocho horas, donde aseguró que fue torturado, vejado y agredido con insultos racistas y xenófobos (indio de mierda, te vamos a mandar muerto a tu país de perros, asegura que le dijeron). El juez instructor decretó entonces su ingreso a prisión sin derecho a fianza, así que fue trasladado a la cárcel sevillana de Punto Cero, donde compartía celdas con delincuentes comunes y pasó largas noches en vela repitiéndose una y otra vez lo ocurrido aquella ocasión.

La penitenciaría sevillana se convirtió en su casa durante 347 días, hasta que el magistrado que le había negado afrontar el juicio en libertad decidió admitir la petición de sus abogados y fijó una fianza de poco más de 50 mil dólares. La cifra coincidía con las peticiones tanto de la fiscalía como de la defensa de los policías por las potenciales indemnizaciones por agresión, ya que la agente estuvo de baja laboral más de tres meses por diversas lesiones en el cuello, un brazo roto, magulladuras en la cabeza y ansiedad.

Ordaz Moreno, con la ayuda de su padre, un policía con licencia de Guanajuato de nombre Esteban, logró reunir el dinero. Para ello consiguió un importante apoyo del gobierno del estado de Guanajuato y de empresarios prominentes de la región, y colaboración de la embajada de México en España, que en este caso se responsabilizó de reunir los fondos para el pago de la caución.

Otra factor de relevancia para que le fuera otorgada la libertad bajo fianza fue que la propia embajada, presidida por el político conservador Jorge Zermeño, ofreció su dirección postal a la justicia, algo inusitado hasta ahora en la sede diplomática. Meses después la propia familia del estudiante acusó al personal de ésta de negligente y de ser corresponsable de la situación procesal del joven.

Entre febrero y julio, el alumno acudió puntual a su cita con el juez –tenía que firmar cada 15 días– y reconocía tener enorme esperanza en el juicio, ya que, sostenía, la policía estaba mintiendo, pero además ya les hemos pagado las indemnizaciones (en alusión a los 50 mil dólares).

Finalmente llegó el juicio, que duró menos de dos días, en el cual fue sentenciado a ocho años y cuatro meses de prisión, casi la mitad de lo que pedía la defensa de los policías, pero mucho más de lo que esperaban Ordaz Moreno y su familia, quienes querían la absolución y la limpieza del expediente.

Ese día, junto con su abogado Fernando Retamar, anunció que recurriría la sentencia, daría la batalla final en el Tribunal Supremo de Madrid y sólo esperaba que le permitieran continuar el proceso en libertad. Así fue, ya que el magistrado mantuvo la obligación de que éste se presentara ante los tribunales cada 15 días, le requisó el pasaporte y le prohibió salir del país.

Además del drama de la sentencia, la vida del joven se complicó más. El Conacyt le suspendió la beca, al parecer en cumplimiento de sus propios estatutos, y la Universidad de Sevilla lo expulsó.

El pasado 30 de julio, Ordaz Moreno no acudió a su cita con el juez. Los tres teléfonos celulares que tenían él y su familia en España no son contestados. Tampoco responde los correos electrónicos ni los telefonemas del personal de la embajada de México, que se comprometió con las autoridades españolas a responder por él. En la fiscalía no tienen dudas: Se ha fugado, por lo que el juez ya dictó una orden de búsqueda y captura internacional mediante la Interpol.