La trayectoria como servidor público de Arturo Chávez Chávez, quien fue propuesto por el presidente Felipe Calderón para ocupar la Procuraduría General de la República (PGR), quedó marcada por los numerosos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y los pocos resultados que ofreció sobre esa materia como procurador de justicia en Chihuahua durante el gobierno del panista Francisco Barrio.

Durante su gestión recomendó a las mujeres usar espray para los ojos y asistir a cursos de karate, además de que otros funcionarios de la dependencia a su cargo declararon que la responsabilidad de los asesinatos era de las propias mujeres por usar minifalda.

Arturo Chávez fue impugnado por la fracción del PRD en la Cámara de Diputados durante la 59 Legislatura, cuando el entonces presidente Vicente Fox lo nombró subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

Entonces los perredistas argumentaron que como procurador en Chihuahua, entre 1996 y 1998, soslayó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo exhortaba a investigar, perseguir y consignar a los responsables de la cadena de asesinatos de mujeres que tuvieron lugar en Ciudad Juárez a partir de la década de los noventa.

Abogado de profesión, Arturo Chávez Chávez colaboró de manera cercana con el bufete jurídico que encabezan Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, este último titular de la PGR durante el sexenio de Ernesto Zedillo y quien tuvo a su cargo la investigación del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, de la que se recuerda, entre otros episodios, el falso descubrimiento de una osamenta en terrenos propiedad de Raúl Salinas de Gortari y el uso de videntes para su localización.