lba Esther Gordillo acaba de recibir un sonoro descontón en la ciudad de México: en un hecho inédito, los dirigentes magisteriales de los maestros de primaria, prescolar y educación especial del Distrito Federal, que ella impuso, fueron desconocidos por las autoridades.

Apenas el pasado 14 de agosto el tercer tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito modificó la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y lo obligó a revocar la toma de nota del comité de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los líderes espurios de la sección 9 son un pequeño ejército de unas 400 personas que tienen sus plazas liberadas para realizar gestiones sindicales y hacer trabajo político electoral a favor del partido Nueva Alianza (Panal). Eso significa que no dan clase frente a grupo ni realizan tareas administrativas. Reconocidos por las autoridades educativas, deberán ahora regresar a trabajar a sus escuelas. El doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, debe revocar inmediatamente esas comisiones sindicales.

La revocación de la toma de nota es un triunfo del magisterio democrático. La historia se remonta a un año atrás.

En junio de 2008, luego de 10 años sin renovación de la dirigencia de la sección 9, el comité ejecutivo nacional del SNTE convocó a elecciones para realizar el congreso estatutario el primero de julio, cuando se nombraría una nueva dirección seccional.

El movimiento democrático ganó más de 80 por ciento de los delegados, pero Elba Esther Gordillo nombró con trampas un comité espurio sin ninguna representatividad. La mañana del pasado primero de julio, en lo oscurito, a espaldas de los profesores de base, la maestra ungió líder de la sección 9 a María Teresa Pérez Ramírez. Lo hizo en una reunión donde no se verificó la presencia de delegados democráticamente electos ni se siguió el orden del día ni se determinó oficialmente una sede del congreso, y en la que el resto de las carteras del comité ejecutivo fraudulento fueron rifadas.

Elba Esther no pudo ganar el congreso seccional de los mentores capitalinos por las buenas. Tampoco por las malas. Las autoridades educativas la apoyaron para tratar de ganar el congreso. Movilizó más de 2 mil activistas sindicales de otros estados de la República, que sin trabajar cobran su salario a cuenta del erario, para hacer mayoría en las asambleas delegacionales. Repartió créditos hipotecarios, préstamos para vivienda y todo tipo de canonjías para comprar votos. Directores e inspectores escolares amenazaron a los maestros de base. Y, como nada de eso fue suficiente para obtener la mayoría, decidió, simple y llanamente, al margen de los estatutos y de cualquier método democrático, decretar que su candidata era la buena y, acto seguido, designarla secretaria general. El 26 de agosto de 2008 el TFCA le otorgó la toma de nota.

En un congreso paralelo, al que asistió la mayoría de los delegados, los maestros democráticos nombraron a sus dirigentes seccionales, encabezados por el profesor Francisco Nicolás Bravo Herrera. Tomaron el edificio sindical de Belisario Domínguez 32 y, sin dejar de asistir a las aulas, realizaron tareas de gestoría en beneficio de las bases. Durante 13 meses, en las tardes y noches, utilizando las oficinas ocupadas, organizaron conferencias, talleres y mesas redondas.

Ante la ilegalidad y las evidentes irregularidades en el nombramiento del comité espurio, interpusieron una demanda ante el TFCA el 14 de julio de 2008. Cuando se dio la toma de nota a los charros, el 2 de octubre presentaron el amparo indirecto, que se sobreseyó. Por ello, el 27 de enero de 2009 promovieron un amparo en revisión, que el tercer tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito concedió el pasado 17 de junio. De allí proviene la decisión que modifica la resolución del TFCA y lo obliga a revocar la toma de nota del comité espurio.

Los maestros democráticos de la ciudad de México están firmemente comprometidos en la defensa de la educación pública. Su compromiso con una educación de calidad es notable. El ciclo escolar 2007-2008 registró 970 mil 171 inscritos en primaria en el Distrito Federal. El 80.24 por ciento de los alumnos asiste a 2 mil 191 escuelas públicas y 19.76 por ciento acude a las mil 191 instituciones privadas que existen.

El índice de aprobación de las escuelas federales es mayor a 97 por ciento; el de reprobación es bajo: la mayoría de las demarcaciones tiene menos de 2 por ciento de reprobados. Las escuelas de las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán presentaron los índices más bajos de reprobación: menos de uno por ciento.

La decisión legal abre un camino nada despreciable en la lucha por democratizar al SNTE. Retirarle la toma de nota a un comité espurio del sindicato magisterial es un hecho inédito.

Los trabajadores de la educación de la sección 7 de Chiapas y de Baja California, que fueron víctimas de charrazos similares a los de sus compañeros de la ciudad de México, interpusieron demandas legales muy parecidas. Elba Esther Gordillo no las tiene todas consigo.