A pesar de que desde 2006 existen resoluciones en favor de Napoleón Gómez Urrutia, la fiscalía federal lo acusa de los mismos hechos que hace dos años, en una clara demostración de persecución política, sostuvo en entrevista con La Jornada el abogado del dirigente minero, Marco Antonio del Toro.

La Procuraduría General de la República (PGR) se vale “del mismo expediente, lo que es ilegal… Además de que el caso se consignó ante un juez federal que no tenía conocimiento sobre los antecedentes relativos a esas negativas de orden de aprehensión por lavado de dinero”, agregó el litigante.

En septiembre de 2006 la magistrada federal Herlinda Velasco confirmó en segunda instancia una negativa de orden de aprehensión que la PGR solicitó contra líderes mineros por presunto lavado de dinero, resolución que en primera instancia emitió meses antes el juez de procesos penales Ranulfo Castillo.

Ambos juzgadores consideraron entonces que el Ministerio Público Federal (MPF) no tenía, ni siquiera de manera indiciaria, pruebas elementales para sostener una acusación por ese delito contra Gómez Urrutia y coacusados.

En ese contexto, la PGR confirmó este domingo mediante un comunicado la información que publicó La Jornada en su edición del pasado sábado sobre la existencia de una nueva orden de aprehensión contra Gómez Urrutia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora destacó que esa orden de captura será también incorporada al proceso de extradición motivo de la solicitud que el gobierno de México ha presentado e iniciado ante las autoridades de Canadá, a efecto de proporcionar al juez del proceso de extradición en aquel país elementos probatorios aún más sólidos sobre la presunta responsabilidad del fugitivo Napoleón Gómez Urrutia.

En su boletín, la PGR indicó que –derivado de la acción penal del MPF adscrito a la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)– el sábado el juez noveno de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, dentro de la causa penal 105/2009-V, libró orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, y otros, por su probable comisión en el delito (de lavado de dinero), en las modalidades de adquirir, cambiar, depositar y transferir al extranjero, recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Refirió que después de una investigación de más de 40 meses, con la participación de peritos en contabilidad y en materia documental, que analizaron más de cien operaciones realizadas en el sistema financiero, y habiéndose recabado la declaración de múltiples testigos de los hechos, “el juez federal consideró que hay elementos suficientes para establecer que Gómez Urrutia y otros realizaron diversas maniobras.

El propósito de la acción fue ocultar la procedencia ilícita o las ganancias que representó la obtención y disposición indebida de los recursos que debían ser repartidos entre trabajadores o ex trabajadores sindicalizados de distintas empresas mineras, y que ascendían a la 55 millones de dólares.

Sin embargo, para Del Toro, que la PGR se empecine en fincar cargos por lavado de dinero contra Gómez Urrutia, aun cuando sabe que dos jueces resolvieron que la autoridad ministerial realiza suposiciones, pero carece de elementos suficientes para consolidar su acusación, demuestra la persecución política.