El comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) denunció que la Procuraduría General de la República y las autoridades laborales encubren y protegen a los hermanos Germán y Genaro Larrea Mota, presidente y vicepresidente del Grupo México.

Señala que sólo así se explica que les permitan evadir su responsabilidad de comparecer ante autoridades judiciales como testigos en los procesos judiciales que se siguen contra el líder del gremio, Napoleón Gómez Urrutia.

La dirección sindical de los trabajadores mineros expuso que los hermanos Larrea Mota han sido citados en cuatro ocasiones por el juzgado primero de distrito de procesos penales federales, con sede en el Distrito Federal, pero la PGR sólo ha notificado de su ubicación en Phoenix, Arizona. Deben presentarlos de inmediato; de lo contrario, una vez más manifestarán su incapacidad para procurar el cumplimiento de la ley.

En tanto, la Comisión del Senado que analiza el conflicto laboral y jurídico en Cananea, se ha encontrado con un problema enredado y con poca disposición del gobierno federal para resolverlo, por lo que los legisladores están empeñados en buscar una solución que pase por el respeto a los derechos de los mineros, sostuvo el perredista Arturo Núñez.

Como presidente de ese organismo senatorial, explicó que en las últimas semanas, los legisladores recibieron en audiencias públicas a funcionarios de la Secretaría del Trabajo, a representantes del Grupo México y del SNTMMSRM, así como a sus abogados, y en breve se reunirán con los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano, además de que están en espera de la versión videograbada que les hará llegar Gómez Urrutia.

El senador Núñez recordó que en la audiencia en que se escuchó a representantes del sindicato, se dio una amplia explicación de las argucias judiciales que han permitido a los hermanos Larrea Mota no presentarse a declarar como testigos en los juicios que se siguen a Gómez Urrutia y otros dirigentes sindicales, por el supuesto desvío de 55 millones de dólares.

En esa sesión, el senador Tomás Torres, del PRD, expresó preocupación por la postura del subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, y, en general, del gobierno federal, que parece como si fueran representantes de una de las partes en conflicto.

Dante Delgado, de Convergencia, sostuvo que hay un abuso de poder y el empleo de los órganos de procuración de justicia, en concreto de la PGR, en contra del sindicato minero”.