e acuerdo con especialistas del grupo financiero Banamex, filial del estadunidense Citigroup, el boquete de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas es consecuencia de una falta de prudencia en la administración fiscal reflejada en una dinámica de gasto público durante los últimos años.

El comentario coincide con la difusión del Análisis a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública elaborado por la Cámara de Diputados, en el que se consagra que, durante el primer semestre de 2009, el gobierno federal incrementó la deuda interna del sector público en 267 mil 599 millones de pesos, en tanto que el endeudamiento externo aumentó en 60 mil 86 millones de dólares –monto que equivale a 6.8 por ciento del producto interno bruto–, todo ello sin que el monto ingresado por ese concepto se haya traducido en un beneficio efectivo en la calidad de vida del común de la población.

Las manifiestas afectaciones que los presentes desórdenes financieros mundiales han tenido en México han desmentido contundentemente los alegatos sobre la supuesta solidez económica de nuestro país, esgrimidos en su momento por distintos funcionarios del gobierno federal: hoy es claro que la nación se enfrenta al peor desplome de su economía en más de una década (alrededor de 7.5 por ciento) y que el gobierno dispondrá, en el futuro inmediato, de menos recursos para satisfacer las necesidades de los habitantes.

En los últimos meses, las autoridades federales se han empeñado en culpar de esta situación a la crisis que viene de fuera; no obstante, las administraciones panistas se han encargado de desperdiciar las cuantiosas sumas que han ingresado a las arcas nacionales como consecuencia de los altos precios internacionales del petróleo en los últimos años, los cuales ascendieron a lo largo del sexenio pasado a unos 75 mil millones de dólares.

En vez de canalizar tales recursos a la promoción del empleo, al mejoramiento de la educación y la salud públicas y al combate a la pobreza, a la construcción de infraestructura y la reactivación del mercado interno, las administraciones del blanquiazul han optado por malgastarlo en forma discrecional y opaca, por emplearlo en programas y obras públicas faraónicas e inútiles, y por utilizarlo para saldar los onerosos gastos de la administración pública federal. A mayor abundamiento, debe señalarse que, durante buena parte del periodo de auge en los precios del petróleo –es decir, entre 2002 y mediados del año pasado, cuando las cotizaciones comenzaron a descender–, el gobierno federal consumió seis de cada 10 pesos de los fondos de estabilización creados, justamente, para compensar las pérdidas derivadas de la depreciación de los hidrocarburos, y que la mayoría de este dinero se destinó para sufragar el gasto corriente, rubro relacionado con los exorbitantes sueldos y los servicios personales de la alta burocracia: según la Secretaría de Hacienda, entre diciembre de 2001 y el último tramo de 2008, este tipo de erogaciones aumentó en 68.6 por ciento, al ascender de 301 mil 722 millones a más de 500 mil millones de pesos.

Ante estos elementos de juicio, es hora de que el gobierno reconozca que la problemática que hoy enfrenta nuestra economía es, en buena medida, consecuencia de su propia irresponsabilidad en el manejo de las finanzas: ello ha impedido que hoy el Estado cuente con recursos por demás necesarios, y que, para colmo de males, se esté planteando obtenerlos por medios inviables e inadecuados en la circunstancia presente, como son el incremento de los impuestos y la contratación de más deuda.

La solución efectiva a las presentes dificultades financieras no se alcanzará en la medida en que los encargados del manejo económico sigan sin aceptar la necesidad de terminar con las exenciones fiscales insultantes de que gozan los grandes consorcios empresariales y los capitales foráneos –sobre todo los del sector financiero– y sin orientar sus esfuerzos no sólo a la obtención de mayores ingresos fiscales, sino a su buen empleo y administración.