Ricardo Amezcua, presidente de la Fraternidad Nacional de Deudores (Frande), informó que actualmente existen 4.5 millones de personas que cayeron en insolvencia en tarjetas de crédito y para junio de 2010 se espera que llegue a 10 millones de deudores.

Aseguró que es necesario una reglamentación para las tarjetas de crédito porque los bancos siguen cobrando tasas de entre 30 y 130 por ciento en los plásticos, lo que hace prácticamente impagables estas deudas, y denunció el acoso que sufren los morosos por parte de los despachos de cobranza contratados por los bancos.

En conferencia de prensa, aseguró que el deudor está totalmente indefenso porque la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) es inoperante e ineficaz.

Por lo anterior, dijo, no pueden seguir los intereses bancarios tan elevados y debe aprobarse una ley de regulación del crédito bancario (propuestas de Frande), que no sólo regule las comisiones o ciertos intereses, como la nueva ley, sino una regulación de verdaderos topes de intereses abusivos de bancos, como son el doble cobro del interés ordinario, moratorios, anatocismo y Udi, como también regular la cobranza excesiva y fuera de toda normatividad de los despachos gestores o de cobranza extrajudicial. Afirmó que “nuestras actuales leyes son de 1889 (Código de Comercio) y 1932 (Código Civil), que ni siquiera contemplan a la tarjeta de crédito y por lo que hace al hipotecario se prohíben intereses tan elevados como los que actualmente se están cobrando. En la mencionada ley propuesta deberán existir verdaderos topes de intereses so pena de nulidad del adeudo, y la desaparición del anatocismo, por lo que nos acercaremos a los nuevos legisladores para tal proyecto legislativo, que debe ser en aras a una verdadera equidad financiera.

Adelantó Amezcua Galán que demandarán en la Condusef y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se pronuncien en una recomendación especial, respecto del abuso de los despachos de cobranza.

Explicó que aumentaron en 50 por ciento los juicios de carácter civil y mercantil. Dijo que a la Suprema Corte de Justicia tocará el estudio en este año del anatocismo inverso, oportunidad toral del máximo tribunal del país para pronunciarse en su ilegalidad, advirtió.