Amnistía Internacional (AI) sección México consideró positiva la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias contra la indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial, acusada de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI). No obstante, sostuvo que ese acto no basta para hacer justicia a la mujer, pues el Estado mexicano tiene que reparar de manera integral el daño –estuvo recluida tres años por un delito que no cometió– y aplicar medidas para garantizar que hechos similares no se repitan.

En tanto, para el gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, Francisco Marcial debería ser indemnizada por la autoridad competente, luego de que la PGR no acreditó que haya incurrido en el delito del que se le acusaba.

Hace un mes, AI la declaró prisionera de conciencia al considerar estaba encarcelada –condenada a 21 años de prisión– sólo por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

Alberto Herrera, director de AI México, señaló que la decisión de la dependencia federal es un avance y aunque advirtió que no hay que adelantarse, la queremos libre lo antes posible. Precisó que la PGR no exculpó a la indígena ñañú, sino que consideró que no existieron suficientes elementos de prueba para continuar con el proceso judicial.

Grupos vulnerables

El caso de la señora Jacinta representa, agregó, una oportunidad para realizar una reflexión profunda para que el caso no sea uno más, sino que sirva como base para la transformación del sistema de justicia mexicano, que no sólo no es capaz de llevar a comparecer a quienes en verdad han cometido delitos, sino que actúa en la mayoría de las veces contra personas de grupos vulnerables. No puede haber justicia de primera y segunda.

La decisión de la PGR debe ratificarse el próximo 14 de septiembre durante una audiencia pública que se efectuará en un juzgado de Querétaro, por lo que confió que ese día se concrete la decisión de liberar a la mujer.

Añadió que es inadmisible una simple disculpa, ya que Jacinta Francisco pasó tres años recluida en prisión por un proceso irregular y con pruebas débiles.

La historia comenzó el 26 de marzo de 2006, cuando un grupo de federales sin uniforme realizó un operativo contra la piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, donde cometieron abusos y destrozos lo que provocó la molestia de los comerciantes, quienes retuvieron a los policías para exigir el pago de lo perdido. Ante esta situación los mandos regionales de la AFI acudieron al lugar y acordaron con los vendedores desplazarse a una localidad cercana para recoger el dinero que compensaría las pérdidas y, a cambio, se ordenó que uno de los agentes permaneciera, en garantía, en el poblado. Sin embargo, los federales interpusieron una denuncia por secuestro ante la PGR.

El 3 de agosto de ese año, la indígena fue detenida con engaños. Durante su comparecencia no se le proporcionó intérprete y la principal prueba en su contra era la fotografía de un periódico del estado: así se le dictó sentencia de 21 años de prisión junto con otras dos mujeres indígenas.

El gobernador Garrido indicó que este caso es un claro ejemplo de las desventajas que registra el sistema jurídico del país, pues mientras se realizan las investigaciones la persona acusada permanece encarcelada y si no se acredita el delito del que es acusado, obtiene su libertad.