El caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –en la que murieron 49 niños por un incendio– es una excelente oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salga del formalismo jurídico y desarrolle una doctrina de derechos humanos, en la que el Estado asuma como obligaciones el respeto, protección y garantías a esos derechos, aseguró Carlos de la Torre, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Al participar en el foro La facultad de investigación de la SCJN y el caso de la guardería ABC: implicaciones jurídicas, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, el abogado del organismo internacional sostuvo que, al subrogar las guarderías y estancias infantiles como negocios, el gobierno federal contradice las normas internacionales sobre los derechos de los niños y la seguridad social, los cuales México está obligado a cumplir.

Subrayó que la privatización de estos servicios es un hecho que la Corte no puede dejar de analizar, pues diversos tratados internacionales puntualizan que la seguridad social debe entenderse como un bien social y público, y no como una mercancía.

En el esquema de subrogación de guarderías del país el gobierno federal las ofrece como una inversión para ciertas personas que lo atienden como negocio, sin tener la experiencia y vocación del cuidado de los niños, lo que es un conflicto de intereses que se refleja en el caso ABC. [...] El esquema de que sea un negocio es contradictorio con la naturaleza misma del derecho del cuidado de los niños en su primera infancia.

De la Torre, quien participa con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en el acompañamiento de algunos de los padres de los niños fallecidos en estos hechos, agregó que otros dos temas que debe analizar la SCJN en este caso –además del señalar las violaciones a las garantías fundamentales de las víctimas y sus familias– es la supervisión que hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social de las condiciones de ésta y otras guarderías, así como construir una doctrina de muertes evitables, pues el de la ABC fue un accidente que se pudo evitar, de haberse tomado en cuenta todas las normas adecuadas para la seguridad.

Mónica González, especialista del IIJ, sostuvo que en los análisis sobre el caso se ha dejado de lado el principal tema: los derechos de los niños, quienes deben ser una prioridad y eso debe reflejarse en recursos, para lo cual el Estado no ha destinado lo suficiente.

Ejemplificó que en el país las guarderías están diseñadas como un programa de apoyo para los padres y dejan en segundo plano –cuando lo contemplan– el desarrollo de la primera infancia de los menores, esto es, desde su nacimiento hasta el inicio de la etapa escolar.

La investigadora agregó que haber subrogado el funcionamiento de la guardería ABC –donde también 78 niños resultaron gravemente heridos con diversos tipos de quemaduras y 91 salieron ilesos, pero con probables afectaciones sicológicas– hace responsable al Estado de la tragedia.

Imer Flores, también investigador del IIJ, sostuvo que, aunque la resolución de la Corte no impone sanciones, debe apuntar hacia los responsables de ese desastre.

Miguel Carbonell, del mismo instituto, refirió que, aunque la SCJN haya atraído el caso, no toda la atención debe centrarse en su decisión, sino que también se debe analizar y estar pendientes de la actuación de las procuradurías general de la República y la de Sonora, así como de la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.