El contralor interno del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, presentó al Consejo General un informe preliminar sobre la auditoría al ejercicio del gasto 2009, en el que desglosó una cadena de irregularidades detectadas en el manejo administrativo: facturas alteradas o que no cumplen con los requisitos fiscales; gastos que no se apegan a los criterios de austeridad; póliza de cheques sin soporte documental; cheques expedidos a nombre de servidores públicos en lugar de prestadores de servicios, y falta de depuración de cuentas.

El informe añade que se detectó también la asignación de un contrato de supervisión a una empresa legalmente inexistente, que para efectos del proceso de adjudicación presentó documentación apócrifa y prestó el servicio deficientemente.

Se descubrieron pagos indebidos por 13 millones de pesos, de los cuales 11.2 millones corresponden a trabajos no ejecutados, y la diferencia a pagos duplicados y trabajos mal cuantificados.

Asimismo, se cuestiona la adjudicación indebida de otro contrato de colocación de red de voz y datos por 5.3 millones de pesos, pagados en diciembre de 2008 y que al momento de la auditoría (junio) los trabajos no estaban concluidos.

El contralor también encontró inconsistencias e incumplimientos contractuales; falta de actualización de inventarios en bienes; bienes no localizados; mantenimiento a autos superior a 40 por ciento del valor del vehículo; suministro de combustible a vehículos privados, entre otras irregularidades.

Sin embargo, la presentación del informe no mereció respuesta de los consejeros, quienes se limitaron a destacar la importancia del ejercicio de la transparencia en el proceso. En principio, se conoció la gestión de la presidencia del Consejo General para postergar la presentación del informe de la auditoría para no empatarla con la discusión de los ajustes presupuestales 2009 y la propuesta de 2010.

En las conclusiones del informe de la auditoría se incluye una recomendación central: la apremiante necesidad del IFE de revisar integralmente su funcionamiento administrativo a partir de los resultados que en este informe y en documentos previos presentó la contraloría.

Agrega que aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la modernización administrativa que requiere la institución.

Al cierre de la edición, el Consejo General aún se aprestaba a discutir el recorte presupuestal de 104 millones de pesos para 2009 y el proyecto de presupuesto de 2010 de poco más de 9 mil 200 millones.