El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será el que decida sobre la constitucionalidad de que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) venda a empresas trasnacionales los créditos vencidos para que sigan cobrando los adeudos a los trabajadores, además de tener legitimación jurídica para empezar juicios de desahucio.