La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, entre otras organizaciones, enviaron al presidente Felipe Calderón una carta en la que le exponen siete casos de violaciones graves a las garantías fundamentales, cometidas por militares en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, y le exigen respuesta sobre los avances de las pesquisas y el castigo a los culpables.

Las organizaciones no gubernamentales recuerdan a Calderón que el 10 de agosto pasado, en Guadalajara, él señaló que en la lucha contra la delincuencia, la Policía Federal, el Ministerio Público y las fuerzas armadas han actuado con un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos, y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos y en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias.

Exponen al Presidente siete casos de abuso militar ocurridos este año: el 14 de agosto pasado, dos jóvenes fueron detenidos arbitrariamente y torturados por el Ejército en Cuernavaca, Morelos. Se trata de Silverio Iván Jaimes Filio, de 22 años, y José Raúl Jaimes Jiménez, de 23. Las ONG denunciaron ante la procuraduría de justicia del estado de Morelos detención arbitraria, confinamiento en instalaciones militares, tortura física y sicológica, amenazas de muerte contra ellos y contra familiares y robo de pertenencias.

Las ONG citaron otro caso: el 24 de junio de este año Julio César Magdaleno Meza, policía ministerial fue arraigado y torturado en el cuartel militar Morelos, en Mexicali, Baja California.

El 20 de junio de 2009, efectivos del 93 batallón de infantería con sede el Tlapa de Comonfort, Guerrero, mataron al indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar. Los soldados dispararon contra un autobús y la versión militar dice que el chofer del autobús se negó a detenerse cuando ordenaron los soldados y por eso dispararon al aire. Los proyectiles de bala en el autobús evidencian que los disparos no fueron al aire y uno mató a Rubio.

El 9 de junio cientos de militares irrumpieron en las comunidades de Puerto de las Ollas, las Palancas y el Jilguero, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. Al día siguiente llegaron refuerzos que aterrorizaron a la población cinco días, hostigando, amenazando, golpeando o torturado a hombres, mujeres, niños y ancianos, y a una persona discapacitada. Los soldados robaron y destrozaron propiedades. Un menor de 14 años fue torturado tres horas y lo dejaron en estado convulso.

En abril de este año, 25 policías municipales fueron arraigados y torturados en el cuartel militar Aguaje de la Tuna, en Tijuana. Fueron trasladados a Nayarit y desconocen aún por qué fueron detenidos.

Dos más: la desaparición forzada de Isaías Uribe Hernández, el 25 de abril por presuntos militares, en Torreón, Coahuila, y la ejecución extrajudicial de cuatro civiles, en marzo de este año, en Santiago de los Caballeros, Sinaloa.

En otro orden, habitantes de la comunidad de Vascogil, en Papasquiaro, Durango –entidad límitrofe con Sinaloa– denunciaron que militares mantienen detenidas ilegalmente a por lo menos 12 personas de ese y otros poblados.