Si bien los informes desclasificados del gobierno de Estados Unidos revelan que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo apoyaron la creación y entrenamiento de grupos militares en Chiapas, no se trata de información nueva, debido a que hace cinco años se dio a conocer y forma parte de la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por la masacre de Acteal, destacó el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal).

“Lo que se ha revelado del entrenamiento que se dio a los paramilitares ya lo sabíamos. El obispo emérito Samuel Ruiz lo denunció en su momento; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas lo denunció, y también hubo un paramilitar que dio su testimonio de cómo eran preparados.

Es penoso que tengamos que esperar a que Estados Unidos se pronuncie para que entonces sí empecemos a sospechar que realmente hubo entrenamiento militar. Esperamos que esto abra los ojos a la opinión pública y los encargados de impartir justicia, para que no se vuelva a repetir la liberación de paramilitares y asesinos confesos, afirmó Martín Hernández, presidente del Sicsal en México.

El representante de la organización civil refirió que aunque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor de una veintena de asesinos confesos de participar en la matanza de 45 indígenas, en diciembre de 2007, el caso no está cerrado, por el proceso abierto en contra del Estado mexicano por los crímenes de Acteal, que promovieron víctimas y el Centro Fray Bartolomé.

Detalló en entrevista que en la demanda hay una lista de personas que están emplazadas ante la justicia internacional, porque en México se agotaron los recursos legales. La corte ya ha citado al Estado mexicano a declarar, que estuvo dilatando su presencia para responder, agregó.

Manifestó que a prácticamente 12 años de los hechos, no se ha detenido a todos los autores materiales ni se ha llegado a los intelectuales de las ejecuciones, por lo que la actuación de los ministros nos ha parecido muy deplorable, máxime que se menciona una lista en la que probablemente sean liberados más asesinos confesos.

Independientemente de que el debido proceso no se haya cumplido, lo que la SCJN debió haber hecho fue reponer el juicio y no exonerarlos y liberarlos, para que se viera si realmente hay gente que no debiera estar ahí, comentó.

No creemos que abriendo otra vez el juicio en México se pueda lograr algo, si no hay una real voluntad de impartir justicia. Las fiscalías especiales creadas para el caso Acteal han interrogado una y otra vez a víctimas y testigos. Ha habido un sinfín de declaraciones que no han servido absolutamente para nada, concluyó.