El origen de la matanza de Acteal y la ubicación de sus autores intelectuales y materiales deben ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de la hipótesis que plantean los informes desclasificados del servicio de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, en los que se revela que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo apoyaron la creación de grupos paramilitares en Chiapas, sostuvo el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.

La investigación de Acteal debe reabrirse a partir de la hipótesis central de que haya sido un crimen de Estado. El informe de Estados Unidos (sobre la matanza de 45 indígenas) si bien no tiene fuerza vinculatoria en nuestro sistema jurídico para que la fiscalía pudiera utilizarlo como prueba ante los tribunales, si es una mera información que desde luego debe ser corroborada por las autoridades mexicanas con los elementos de investigación a su alcance, expuso ayer Arteaga Nava en entrevista con La Jornada.

Lo que se hizo mal

El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria, informó el pasado viernes en Yucatán que la PGR revisa lo que pudo haberse hecho mal, y también líneas de investigación que quedaron pendientes en el caso Acteal.

Según dijo el funcionario, el Ministerio Público Federal ya revisa la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó hade dos semanas en libertad a 20 indígenas acusados de masacrar a 45 tzotziles en diciembre de 1997 en Chiapas.

Los famliares de las víctimas de Acteal aún esperan que se haga justiciaFoto Moysés Zúñiga

Sobre los alcances de la reapertura de la investigación por los hechos en Acteal, Elisur Arteaga, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, quien ha sido profesor de funcionarios de primer nivel como el presidente Felipe Calderón y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró ayer que la resolución de la primera sala de la Corte apunta en cuatro sentidos.

Primero: que se investigue quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de la matanza. Segundo: que se sancione a quienes alteraron, como Ministerio Público, las pruebas para acusar a estas personas liberadas. Tercero: se investigue a los jueces y magistrados que intervinieron en esto. Cuarto: que se indague también la omisión y alteración de la escena del crimen por parte de las autoridades locales, a las que originalmente les correspondió realizar las pesquisas del crimen, puntualizó.

El especialista en derecho constitucional destacó que las recientes revelaciones del archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos son un elemento claro para incluirlo como hipótesis en la averiguación de la PGR.

Y si de ahí se desprenden datos donde señale una intervención concreta de influencia de acciones paramilitares propagadas por tal o cual servidor público, pues será parte de la indagatoria, pero no podrá ser la base para una posible consignación penal contra uno o varios presuntos responsables, precisó.