Tegucigalpa, 22 de agosto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó la violación a las garantías individuales en Honduras por el gobierno golpista de Roberto Micheletti. Entre los principales agravios mencionó la muerte de cuatro personas y las heridas a varias más, la violación sexual contra una de las detenidas y el arresto arbitrario de unas 3 mil 500 personas durante las manifestaciones en favor de la restitución del presidente Manuel Zelaya.

La delegación de la CIDH, presidida por Luz Patricia Mejía Guerrero, presentó un informe en el cual confirma la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía.

En el documento, el organismo precisó que entre 3 mil 500 y 4 mil personas fueron detenidas arbitrariamente por la policía y el ejército durante las manifestaciones para la restitución de Zelaya.

La CIDH aseguró que el uso desproporcionado de la fuerza pública provocó la muerte de por lo menos cuatro personas y decenas de heridos, además el toque de queda, que se implementó por más de un mes, se aplicó sin ninguna base legal.

De igual forma, la CIDH recogió informes sobre maltratos a mujeres, entre ellas violaciones sexuales, como el caso de una mujer, ultrajada por cuatro policías en San Pedro Sula.

El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que las manifestaciones en favor de Zelaya se realizaron de forma pacífica, salvo en algunos casos en que se registraron actos de violencia, incluidos algunos graves contra personas y la propiedad, como el incendio de un restaurante y de un autobús, así como la agresión a un diputado y varios periodistas.

En su informe, la CIDH denunció el acoso hacia la prensa y los medios de comunicación.

“Hay llamadas permanentemente para evitar que puedan difundir opiniones contrarias al gobierno de facto y al mismo tiempo hay atentados gravísimos y muy violentos contra los medios contrarios al golpe de Estado”, declaró la Relatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero.

De su lado, el canciller del gobierno de facto, Carlos López Contreras, indicó que el informe de la CIDH es una forma de presión para restituir a Zelaya.

Es una forma de presionar de la OEA al gobierno de Honduras para aceptar una propuesta de mediación presentada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, afirmó Contreras.

Los señalamientos del organismo se dan en momentos en que se espera la llegada el lunes de una misión de la OEA para presionar por una salida a la crisis. El objetivo es que Micheletti acate los acuerdos de San José, formulados por Arias, y que implicarían el retorno de Zelaya al poder.