San Cristóbal de Las Casas, Chis., 20 de agosto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que la medida tomada por el gobierno de Chiapas, de que no regresen al municipio de Chenalhó los 20 indígenas liberados la semana pasada, acusados de participar en el asesinato de 45 tzotziles en Acteal, es insuficiente para garantizar la integridad física y la vida de los miembros de la organización Las Abejas, particularmente de los sobrevivientes que actuaron como testigos presenciales en el proceso penal, así como la tranquilidad y la paz social en la región.

En conferencia de prensa, el director del Frayba, Diego Cadenas Gordillo, aseguró que una vez liberados, algunos indígenas beneficiados la semana pasada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que se van a ir contra el organismo y por ello solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo tomamos como amenaza, dijo el abogado, quien manifestó que existen indicios de que la Corte liberaría a otros 37 sentenciados por la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997. Insistió en que el acuerdo entre los liberados y las autoridades estatales no garantiza que los primeros no retornen a sus comunidades de origen en el municipio de Chenalhó.

En un comunicado, el Frayba aseguró que en México y en Chiapas se violan sistemáticamente las garantías al debido proceso y se le da validez a pruebas ilícitas por lo que, para generar el precedente jurídico, existen un sinnúmero de casos que pudieron ser atraídos por la SCJN. Insistimos en que las deficiencias cometidas deliberadamente durante el proceso únicamente establecen faltas, incluso delitos cometidos por funcionarios del estado, y no la inocencia de los 20 autores materiales recién liberados, añadió.

Sin embargo, dijo, el sistema de justicia prevé la posibilidad de que mediante solicitud de parte –como recientemente lo promovió el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)– un juez federal los declare totalmente inocentes, lo cual será una verdad jurídica, mas no la verdad social histórica.

Agregó: Para este centro, la verdad está en la palabra de los sobrevivientes, en la historia documentada que antecedió a este crimen, en la experiencia y testimonio de los pueblos. Esta verdad jurídica que facilita el Poder Judicial de la Federación y que hoy se presume es el intento por encubrir el crimen de Estado.

Sostuvo que Acteal es un crimen contra la humanidad que hoy atenta contra la verdad; lo que hoy está pasando es una muestra más de cómo la impunidad se perpetra; es lamentable escuchar cómo diferentes voces presumen la inocencia de todos aquellos paramilitares que participaron en la masacre.

La autopista

Por otra parte, ejidatarios de Mitzitón, de este municipio, y de San Sebastián Bachajón y Jotolá, pertenecientes a Chilón y adherentes de la otra campaña, reiteraron su decisión de no permitir que por sus terrenos pase la proyectada autopista San Cristóbal-Palenque.

Nos hemos reunido los tres ejidos para defender nuestro territorio, nuestros derechos y cultura indígenas, porque el mal gobierno los quiere destruir como lo hizo con nuestros antepasados, afirmaron, al tiempo de convocar a otras poblaciones que resultarían afectadas por la carretera a que se organicen para que no pase por nuestros territorios.

Asimismo, exigieron a los tres niveles de gobierno que respeten el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y los acuerdos de San Andrés Sakamchem de los Pobres, relativos a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. El mal gobierno nos anda amenazando para despojarnos de nuestros territorios y de nuestra tierra para trazar sus malos proyectos neoliberales que en nada nos benefician como pueblos indígenas.

En una conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, demandaron la liberación de los hermanos Jerónimo y Antonio Gómez Saragos, originarios de Bachajón, quienes fueron detenidos en abril acusados de participar en asaltos en la carretera Ocosingo-Palenque.