La cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) clausuró ayer sus trabajos con la aprobacón de reformas al Código Penal, una nueva ley sobre infraestructura educativa y modificaciones a la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En el primer caso, los diputados hicieron cambios que permitirán duplicar la pena de cárcel a quien cometa homicidio o lesione a un individuo con crueldad o por motivos de odio por su condición social o económica, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, lo que será considerado una agravante más en contra del infractor.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, Daniel Ordóñez Hernández, explicó que con la modificación al artículo 138, fracción IV, del Código Penal, en un homicidio con esa agravante, por ejemplo, la pena mínima sería de 20 años, cuando actualmente es de alrededor de ocho.

A su vez, la diputada del sol azteca Leticia Quezada confió en que esta iniciativa contribuirá a poner freno a las denominadas agresiones y crímenes de odio, como los ocurridos en contra de los ancianos en la ciudad de México, como fue el caso de Juana Barraza, alias La Mataviejitas, y los de jóvenes homosexuales victimados por Raúl Osiel Marroquín, alias El Sádico.

En el último día de sesiones del periodo extraordinario, los legisladores también aprobaron la Ley de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, con lo que se centralizarán –en un instituto creado ex profeso– las labores de mantenimiento y construcción de planteles escolares en la ciudad de México, y se tendrá mayor control de los recursos asignados a este rubro.

Esta normatividad se da luego de que el año pasado la mayoría de las delegaciones políticas, responsables del mantenimiento de los planteles escolares, registraron altos subejercicios en esta materia, a pesar del deterioro en que se encuentran los centros educativos.

De última hora, los diputados aprobaron además reformas a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se crea, por primera vez en la historia de ese organismo, la figura de contralor interno, y se da paso a una instancia que tendrá bajo su conducción las cuestiones administrativas, con lo que se le resta fuerza a la sala superior de este órgano.

Los tres años de la actual legislatura capitalina llegaron a su fin con discursos que trataron de ser optimistas, pero también reconocieron que dejaron varias iniciativas pendientes, como la ley de marchas, y programas de desarrollo urbano.

Incluso, a los legisladores se les retuvo hasta ayer su cheque de salida, con el que se entregaron aproximadamente 300 mil pesos a cada uno.