Altos precios en las tarifas de agua, escasez del líquido en las viviendas e incumplimiento en los contratos establecidos con los gobiernos, son las experiencias que ha dejado en al menos tres ciudades del país la privatización del servicio de agua potable.

Aguascalientes es la ciudad con la tarifa de agua potable más alta, con 13.60 pesos por metro cúbico –de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua)– y fue la primera urbe en la que los servicios de extracción, distribución y saneamiento fueron cedidos a una empresa privada. Sin un proceso de licitación, en 1995 se le otorgó una concesión por 30 años a Vivendi-ICA, indica un estudio de la investigadora Alejandra Peña García.

El servicio total está a cargo de la empresa Concesionaria de Aguas de Aguascalientes Sociedad Anónima (CAASA), propiedad de la francesa Compagnie Generale Des Eaux. Antes de la concesión, la población pagaba alrededor de 20 pesos por un consumo de 40 metros cúbicos, pero en 1996 el aumento fue de 200 por ciento y ahora una familia debe pagar 172 pesos por 20 metros cúbicos.

La escasez de agua se mantiene al menos en 30 y 40 por ciento de las colonias, las cuales se surten por tandeo, y sólo hay servicio una o dos horas al día, han señalado residentes.

El municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, es otro caso de servicio concesionado. Ahí, desde 1993 opera la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, con la participación de la empresa francesa Suez. La concesión otorgada por 30 años incluyó la planeación de la obra, construcción de infraestructura, inversión, operación del servicio, medición, facturación, recaudación, administración, alcantarillado sanitario y saneamiento.

Durante 10 años la empresa no invirtió en infraestructura y la situación llegó a tal crisis, que en 1998 el gobierno tuvo que intervenir para rescatarla. Actualmente tiene una tarifa de 5.79 pesos el metro cúbico, según datos de la Conagua.

Otro caso de concesión integral –por 25 años, a partir de 2001– se dio con la creación de la empresa mixta Aguas de Saltillo, con la participación de Aguas de Barcelona. Los habitantes deben pagar altas cuotas por el servicio y al menor retraso sufren cortes del líquido, por lo que impulsaron un movimiento local para recuperar el sistema de agua potable. Cuatro años después, una auditoría del Congreso estatal documentó cobros indebidos de la empresa por alrededor de 6 millones de dólares.