istóricas o recientes, las matanzas colectivas de seres humanos, con su trágica intermitencia, marcan nuestra memoria, deambulan en el recuerdo, se adormecen pero no se extinguen, así se contradigan las conquistas civilizatorias de quienes se resisten a la más leve gratificación moral a la violencia. Y, sin embargo, no avanzamos porque de algún modo no interesa en este punto conocer la verdad. A la cita con la sangre (enaltecida en los abrevaderos germinales del autoritarismo) concurre la impunidad, el olvido, la losa de hipocresía que ha creado el abismo entre derecho y justicia. ¿Cuántos cadáveres hay que alzar de las plazas para aplicar la ley o sencillamente distinguir entre las víctimas y sus asesinos? ¿Dónde está el umbral de la indignación de un país que deja sin castigo a los autores del 2 de octubre? ¿Y Aguas Blancas? ¿Y Ac-teal? ¿Cómo dormir tranquilos si ante la ficción del debido proceso se admite la no responsabilidad de los verdugos o se pospone hasta el final de los tiempos la reparación de lo irrecuperable?

De la resolución de la Corte existen valoraciones divergentes, pero de la situación de los implicados se puede adelantar, como escribe Miguel Angel Granados Chapa en Proceso, que “no se sabe si son inocentes o culpables, porque la sala no impartió justicia penal, es decir, no entró al fondo del asunto, sino sólo resolvió en segunda instancia un amparo. Y lo concedió porque las pruebas que fundaron su enjuiciamiento fueron obtenidas de forma ilícita. Ya habían pasado 11 años y ocho meses presos, y sólo ahora se demostró que el Ministerio Público que los acusó y la justicia que los condenó actuaron en forma ilegal. Salvo porque los ministros no dieron vista a la PGR sobre la probable comisión de delitos por quienes actuaron de esa manera, y porque dejaron viva la cuestión de quiénes asesinaron a los mártires de Acteal, puesto que dejaron libres a los acusados de hacerlo, la resolución sería perfecta” (subrayado ASR). Lamentablemente, en el contexto concreto y general de los hechos y sus causas, el mensaje de los magistrados no es neutral, pues si bien resulta imperativo rectificar las prácticas de los juzgadores, que en México son de suyo aborrecibles, es inadmisible que la cuestión de la inocencia o la culpabilidad (excúsenme los abogados) deje de ser fundamentalmente un problema de justicia para convertirse en un tema técnico de corrección política, de intereses o influencias.

El espejo de Acteal replicado en las formalidades de la Suprema Corte nos muestra como lo que somos: una sociedad quebrada por la multiplicación de las desigualdades (las antiguas y las recientes), pero felizmente arrodillada ante el clasismo, la discriminación racial que la vida erosiona, aunque un cierto pero abstracto igualitarismo liberal por desgracia renueva, justifica sin fomentar la cohesión social. No es el México bronco bajo la hora criminal el que asoma en el sacrificio seudo ritual de la sangre, sino una forma invisible de la dominación montada sobre la necesidad, la indefensión de pueblos sin historia , explotables, desprovistos de registro ciudadano; la matanza puntual como castigo y señal de caminos intransitables y excluyentes. México necesita como nunca hablar con la verdad. La instrumentalización de la ley para evitarse la contemplación desnuda de los hechos, cocinada en los nichos del poder, es un retroceso. Y aun así, poco a poco, a querer o no, la historia, con su lentitud no deja a nadie indiferente. Los asesinos tal vez morirán tranquilos en su cama, pero no sus nombres, pues éstos nadie los olvidará. Ése es el precio de jugar con la vida de los otros.

En enero de 1998 escribí en estas páginas: Los asesinos de Chenalhó han tenido que recibir de fuera instrucción, ideas, organización, armas, eso es seguro; no estamos ante la reacción espontáneamente violenta de un grupo aislado en defensa de sus intereses, sino frente a una forma de violencia que requiere, para expresarse, de ciertos autores intelectuales, apoyos, planes que se difunden con celeridad bajo el clima moral de guerra civil que hace depender la sobrevivencia de unos del exterminio de los otros. Así están las cosas al cumplirse un nuevo aniversario del alzamiento zapatista.

Y algo más: La principal responsabilidad política por estos hechos corresponde, en primer lugar y sin lugar a dudas, al gobierno de la República, que, por lo visto, sigue sin entender la naturaleza de la cuestión y sus alcances nacionales. El gobierno no quiere o no puede resolver el conflicto... La verdadera tragedia de México es la desigualdad. Pero la pobreza cotidiana, la injusticia social denunciada y documentada mil veces, la convierte en violencia ciega, irracional, en muerte. ¿Podía ser de otro modo? La palabra de los vencidos sin la sangre derramada no se escucha. ¿Será ésa la terrible lección que nos deja la matanza de Chenalhó? ¿Puede la democracia sobrevivir a ese destino fatal?

Sigo pensando lo mismo.